El Tribunal Superior admite el recurso de Ecologistas en Acción contra el decreto que saca a la Isla de Valdecañas de la ZEPA para burlar la demolición del complejo turístico
La organización denuncia que la Junta de Extremadura pretende eliminar el principal obstáculo ambiental para evitar la demolición del complejo
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite el recurso que Ecologistas en Acción ha interpuesto contra el Decreto 180/2025, de 16 de diciembre, por el que la Junta de Extremadura ajusta los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La organización ecologista denuncia que, bajo la excusa técnica de adecuar los límites a la cota máxima de llenado del embalse, el decreto excluye deliberadamente la isla de Valdecañas de la ZEPA para intentar legalizar el complejo turístico conocido como Marina de Valdecañas, cuya demolición total ha sido ratificada en múltiples ocasiones por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Ecologistas en Acción recuerda que han transcurrido 19 años desde el inicio del procedimiento judicial contra el Proyecto de Interés Regional ‘Marina de Valdecañas’, 15 años desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anulara el PIR y once años y medio desde que se iniciara la ejecución de las sentencias. A pesar de ello, denuncian que el complejo –que incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas– continúa plenamente operativo.
El Tribunal Supremo ha sido tajante al establecer que "el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento… deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones". Asimismo, el Tribunal Constitucional ha inadmitido o rechazado todos los recursos de amparo presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo, y las comunidades de propietarios del complejo. Pese a ello, la demolición, jurídicamente "inevitable e insoslayable", sigue sin ejecutarse.
Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, ha denunciado la pasividad de las administraciones implicadas: “Nos encontramos ante un escenario inaudito: 19 años después, la legalidad sigue sin restaurarse. Ni la Junta de Extremadura, ni los ayuntamientos implicados, ni por supuesto la promotora, han movido un dedo, no ya para demoler, sino siquiera para iniciar la restauración ambiental del entorno. Todo lo contrario, han desplegado una intensa actividad obstruccionista, jurisdiccional y de todo tipo, para impedir el cumplimiento de los fallos judiciales. Este nuevo decreto no es más que el último y más burdo intento de sortear la acción de la justicia”.
Un decreto ‘ad hoc’ para burlar la sentencia
La organización ecologista sostiene que el Decreto 180/2025 carece de justificación técnica objetiva y ha sido diseñado “a medida” para excluir de la protección ambiental la superficie terrestre donde se asienta el complejo. Al sacar la isla de Valdecañas de la ZEPA, la Junta de Extremadura pretende eliminar el principal obstáculo ambiental que pesa sobre la legalización de unas construcciones declaradas ilegales, facilitando así una hipotética regularización que blindaría el complejo y evitaría la demolición.
Jaime Doreste, abogado ambientalista y Profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la UAM, que defiende a Ecologistas en Acción tanto en este nuevo recurso como en los que se siguen para la demolición del Complejo de la Marina de Valdecañas, ha calificado el decreto como “un fraude de ley en toda regla”.
Doreste ha declarado: “Lo que pretende la Junta de Extremadura es utilizar una redelimitación de la ZEPA de carácter pretendidamente técnico para vaciar de contenido sentencias firmes que llevan años exigiendo la demolición. No se trata de ajustar los límites a una cota de embalse, porque la isla de Valdecañas es un terreno emergido permanentemente, no una superficie inundable. Este decreto busca desproteger el espacio para, a continuación, argumentar que ya no existen valores ambientales que impidan la legalización. Es un ataque directo al Estado de Derecho y a la eficacia de la justicia. Hemos recurrido ante los tribunales para que paralicen de inmediato esta maniobra y exijan el cumplimiento íntegro de las sentencias, que incluye la demolición de todo el complejo y la restauración de la legalidad urbanística y ambiental”.
Con esta acción legal, Ecologistas en Acción exige a la Junta de Extremadura el cese inmediato de cualquier acción encaminada a eludir el cumplimiento de las sentencias y el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la isla de Valdecañas.