Diversas organizaciones sociales de Extremadura han suscrito un comunicado dirigido al Gobierno regional, a los grupos parlamentarios y a la sociedad en general para rechazar la declaración hecha por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia en rueda de prensa el pasado 28 de mayo en la que "criminalizó" el trabajo de la sociedad civil organizada de la región que trabaja en el acompañamiento a la población migrante.
Los firmantes repudian que se use a la población migrante como "excusa" para "justificar" los "recortes" en el presupuesto para Cooperación Internacional y Educación para el desarrollo.
Además, afirman que la labor de las organizaciones sociales está "amparada" por el derecho internacional, el derecho comunitario y la Constitución Española, y piden al pueblo extremeño que "no se dejen llevar por discursos de odio", señalan en nota de prensa los firmantes.
También piden que el Gobierno autonómico "no use a la inmigración para justificar recortes presupuestales que pueden perjudicar a todas las personas de la comunidad autónoma".