Desde marzo del 2020 y hasta abril de este año, la Junta de Extremadura adjudicó 522 contratos por la vía de emergencia, por un total de 176 millones de euros, entre ellos, se encuentra el contrato de 1 año de vigencia del Transporte Sanitario Terrestre, dotado con casi 40 millones de euros. El Grupo Popular, con el apoyo de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, pedía la puesta en marcha de esta comisión de investigación sobre estos contratos adjudicados durante la pandemia, y lo hacía para transparencia. El PSOE rechazaba esta comisión, y consideraba que el PP busca enfangar el terreno de juego ante la ausencia de cualquier tipo de indicio de irregularidad en estas adjudicaciones, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades como en Madrid.
Rechazada también la comisión sobre la gestión entre 2020 y 2022 del Parque Nacional de Monfragüe, a petición del PP y Ciudadanos y con el apoyo de Unidas por Extremadura, sobre los aprovechamientos energéticos y los desembalses llevados a cabo por parte de Iberdrola, los cuáles consideran ilegales y por la situación y prácticas cinegéticas del Parque Nacional. Fernando Baselga desde Ciudadanos, acusaba de oscurantismo a la Junta, el diputado socialista Ricardo Utrera, aseguraba que todos los extremos denunciados han sido aclarados y que por tanto no procede la puesta en marcha de una comisión.
También comparecía en pleno la Vicepresidenta primera, Pilar Blanco Morales, para informar sobre el Proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa de Extremadura, cuya tramitación continúa y que persigue la mínima intervención de la Administración regional, acortando tiempos y lo hace, entre otras cuestiones, depositando la confianza en los ciudadanos, a través de figuras como las Declaraciones responsables y las comunicaciones, que en cualquier caso no obvian la labor fiscalizadora de la Administración.
Un pleno que arrancó con la lectura de una Declaración Institucional, con motivo del día 9 de mayo, Día de Europa, que se conmemora el próximo lunes.