Un total de 157 teléfonos móviles han sido intervenidos a los internos de la prisión pacense en los últimos cinco años, según han denunciado los sindicatos Acaip y UGT, que han alertado de la "amenaza latente" que estos terminales suponen para la seguridad penitenciaria.
Los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios pues permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, "facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales, desde el interior de las cárceles", han alertado este miércoles en una nota.
Esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social, han añadido.
Según han indicado, los teléfonos móviles se han convertido en "uno de los objetos más codiciados en prisión", generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno.
En concreto, entre 2020 y 2024 se incautaron 12.882 móviles en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Solo el pasado año se decomisaron 2.884 dispositivos en estos centros, de los cuales 17 fueron requisados en Badajoz.