Un manifiesto con más de 300 adhesiones muestra el rechazo a la derogación de la Ley de Memoria recogida en el Pacto PP-Vox

Las veinte asociaciones que integran el movimiento de memoria histórica de Extremadura han promovido un manifiesto conjunto en el que muestran su rechazo al anuncio de PP y Vox de derogar las políticas institucionales de memoria democrática, especialmente la ley de 2019. Además, manifiestan su “determinación rotunda de seguir impulsando desde la sociedad civil, desde el compromiso personal y colectivo, y con el trabajo de las asociaciones, de la ciudadanía, de otros movimientos sociales y del resto de instituciones democráticas todas las iniciativas de recuperación de la memoria histórica de las extremeñas y de los extremeños”.

Junto a las asociaciones de memoria histórica de la región, suscriben el manifiesto más de un centenar de mujeres y hombres profesionales de la historia, de la antropología y de la arqueología que han estudiado la II República, la Guerra y la represión franquista en Extremadura, como Justo Vila, Francisco Espinosa o Dulce Simões. Además, firman el texto varios colectivos de familiares de víctimas del franquismo y grupos ciudadanos, y ciento cincuenta intelectuales y profesionales, tanto de Extremadura como de diversos puntos de España y el mundo, especialmente de Portugal y Latinoamérica. Entre las firmas destacan los hispanistas Ian Gibson y Paul Preston, periodistas como Nieves Concostrina y Jordi Évole, novelistas como Luis Landero e Isaac Rosa, los cantantes, Pablo Guerrero, Luis Pastor y Enrique Villarreal, y los actores Fernando Ramos o Carolina Yuste.

“Quizás cancelen la ley —concluye el manifiesto— pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo que —como las del nazismo en Alemania o las del fascismo en Italia— fueron precursoras en España de la lucha por la dignidad humana, por las libertades y por la democracia”.

Una vez más la ARMHEX quiere expresar su más profundo rechazo por el uso como moneda de cambio en las negociaciones de PP-VOX para alcanzar el gobierno de nuestra comunidad, de una cuestión tan sensible para miles de familias extremeñas que aún siguen buscando a sus seres queridos por cunetas y fosas clandestinas. Estamos hablando de una cuestión de derechos humanos y de calidad democrática.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática constituyó un avance para el reconocimiento de las víctimas de la guerra de España y la dictadura franquista, así como para implementar unas políticas públicas integrales de memoria democrática en pro de la convivencia pacífica y los valores democráticos, al nivel de los países más avanzados, a partir de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, principios y directrices básicos del Derecho Internacional, recogidos por la doctrina de las Naciones Unidas.

Como se declara en su preámbulo, la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. El olvido no es opción para una democracia.

Seguiremos en el compromiso de mantener la memoria de todos los hombres y mujeres, que sufrieron la muerte, el exilio, la cárcel, trabajos forzados, la persecución y la represión franquista, por defender la libertad y unos modelos de sociedad democráticos y solidarios, indican en un comunicado de prensa.

Por todo ello, consideramos que las administraciones públicas tienen la obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares, quienes, en muchos casos, tras más de cuarenta y ocho años desde la muerte del dictador, siguen sin conocer dónde se encuentran los restos de sus seres queridos y los hechos acaecidos. Y por tanto quienes aspiren a gobernar nuestras instituciones deben respetarlos.