La Junta de Extremadura anunciaba ayer la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cumpla con la obligación de convocar una Conferencia de Presidentes", algo que no se hace desde el 2022. Se suma así Extremadura al resto de Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que interpondrán todas recursos en este mismo sentido.
La presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, ha recordado que se trata del órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y que la normativa obliga a convocarlo al menos dos veces: por el presidente del Gobierno, a petición del Comité preparatorio o de diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía.
En este sentido, Guardiola ha recordado que ya se solicitó de forma conjunta, y por los presidentes de más de diez comunidades autónomas, incluida Extremadura, sin haber recibido una respuesta positiva.
Además, ha insistido en que el reglamento de la Conferencia de Presidentes especifica que el principal objeto de este órgano es debatir sobre las directrices de las políticas públicas que afectan a las regiones, algo que Pedro Sánchez ha obviado al no convocar la reunión ni en 2023 ni en 2024.
La presidenta de la Junta de Extremadura ha subrayado la "urgencia" de convocar esta conferencia para debatir asuntos cruciales que no pueden seguir postergándose, como son la reforma del sistema de financiación autonómica o la crisis migratoria que afecta al conjunto del Estado.