La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha avanzado que la comunidad llevará el modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno al Tribunal Constitucional en caso de ser aprobado al considerarlo una "aberración jurídica" que rompe los principios de la Carta Magna y que en el caso de esta comunidad supondría unas pérdidas estimadas anuales de 700 millones de euros respecto al actual.
Así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura celebrado este martes, el primero de este 2026, donde ha confirmado que acudirá a Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado este miércoles, 14 de enero, para expresar su "oposición frontal" a la propuesta del Gobierno y para defender los intereses de la región.
Una reunión sobre la que Manzano ha descartado que se vayan a levantar de la mesa en señal de protesta, al entender que es el órgano constitucional habilitado para esta negociación multilateral, y a la que Extremadura acudirá a defender "que se cumplan las leyes" y los principios constitucionales de igualdad y de justicia.
Para Manzano este nuevo modelo se sustenta, por un lado, en un acuerdo de Pedro Sánchez con el separatismo catalán cifrado en 4.700 millones de euros que va a pagar "con dinero de todos los españoles exclusivamente para mantenerse en el poder".
Y, por otro lado, un modelo que tiene también como premisa que Andalucía "tiene que recibir más" porque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a ser la candidata del PSOE en esta comunidad autónoma, y por ello anuncia 4.800 millones.
Mientras tanto, de los 21.000 millones de euros que pone el Estado "para corregir en teoría el desequilibrio vertical", y que no lo hace, ha advertido, Extremadura va a recibir "cero euros", ha reiterado la responsable de las finanzas del gobierno regional.