Siete años después se vislumbra la resolución de la Operación Tellus, que llevó al secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y al de organización, Maximiliano Alcón, a ingresar durante algo más de 3 meses en prisión. La operación que buscaba pruebas de fraude en la organización agraria iba a iniciar su juicio en el próximo mes de septiembre y finalmente un acuerdo entre la Fiscalía y los afectados zanja el asunto
La fiscalía pedía para Huertas y Alcón, 16 años de cárcel y 33 millones de euros y tras este acuerdo de conformidad aceptan una condena de dos años de prisión, donde no tendrán que ingresar, y una multa de algo más de tres mil euros cada uno. Asumen una condena por el delito de fraude en las subvenciones y falsedad documental "por recomendación de sus abogados", aunque mantienen que no los han cometido.
Por otra parte dos trabajadores, entre los que está quien fuera el contable, asumen un año y tres meses de prisión, por lo que tampoco ingresarán en la cárcel, y el pago de una multa de 1.800 euros. Mientras, otros tres miembros de la ejecutiva de la organización agraria, quedan libres tras retirar la fiscalía los cargos.
Al reconocerse estas irregularidades, UPA-UCE tendrá que pagar 500.000 euros a la Junta de Extremadura, aunque el Gobierno regional se retiró como acusación particular y renunció a cualquier indemnización. De esta cantidad ya se ha abonado 100.000 euros y el resto se abonará en un plazo de 10 años.