“El proceso de reversión impulsado por el gobierno valenciano en el Departamento de Salud de Torrevieja se está ejecutando de forma ilegal y unilateral, sin tener en cuenta las consecuencias para los ciudadanos ni para los presupuestos públicos, y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes”, ha afirmado José David Zafrilla, Gerente en funciones.
La sentencia del Tribunal Supremo anula el fallo del TSJ de Valencia, que concluía que no hacía falta un informe económico para activar el proceso de reversión de servicios concesionales. Este nuevo dictamen deja sin amparo legal el modelo de reversión aplicado en Torrevieja por la Conselleria de Sanitat y “demuestra la improvisación del gobierno valenciano”, ha asegurado Zafrilla.
Desde que la se inició el procedimiento el pasado 14 de octubre de 2020 con la comunicación de las normas de reversión, no se ha aportado ningún informe que justifique la repercusión y efectos financieros y presupuestarios de esta decisión, tal y como exige ahora la sentencia del Supremo.
La sentencia, que crea jurisprudencia, marca un antes y un después en la colaboración público privada. Ahora, a partir de esta doctrina Ribera Salud, hay más garantías jurídicas, ya que el Tribunal Supremo obliga a presentar un expediente administrativo que incluya la valoración previa de repercusiones y efectos financieros y presupuestarios, conforme a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. “En caso contrario, el acto administrativo es nulo” explica Zafrilla, por lo que “se trata de una excelente noticia para todo el sector concesional español”.
Concretamente en Torrevieja, el único informe económico oficial que existe es previo al inicio del proceso de reversión. Se trata de la auditoría de la Sindicatura de Cuentas de 2016 que, además, concluyó que Torrevieja era el Departamento de Salud más eficiente de la Comunidad Valenciana, que ofrecía mejores resultados en salud para el ciudadano y que suponía un ahorro de 45 millones de euros para la Administración Pública.
“Desde Ribera seguiremos trabajando para garantizar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos, tras más de un año y medio batallando contra la Covid-19. Como siempre, estamos a disposición de la Conselleria para abrir un proceso de diálogo tras esta sentencia”, ha asegurado Jose David Zafrilla.
En cualquier caso, si la Administración mantiene su hoja de ruta, deberá iniciar de nuevo el proceso de reversión, aportando el informe económico que exige la ley, y comunicarlo al menos con un año de antelación, que es lo que marca el pliego de condiciones, con el fin de ajustarse a la legalidad, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo.