La modificación penal llega acompañada de la aprobación del anteproyecto de ley de protección animal, que lleva paralizado desde que en octubre el Ministerio de Derechos Sociales difundió un borrador. La promulgación de una ley estatal es una asignatura pendiente desde hace décadas, por lo que las entidades protectoras y expertos en derechos de los animales aplauden la normativa aunque avisan de que es "insuficiente" puesto que se centra en las mascotas y los animales del entorno urbano.
La normativa tiene un triple objetivo: maltrato, sacrificio y abandono cero. No se podrá sacrificar animales de compañía salvo por motivos sanitarios y eutanásicos. Por ello, según las protectoras, España se sitúa entre los países con mayor maltrato y abandono animal. Se calcula que se abandonan unos 300.000 animales al año, más de 800 al día y muchos de ellos acaban siendo sacrificados.
La ley impide además prácticas que provoquen sufrimiento, como el uso de collares eléctricos o pinchos, la posibilidad de llevar a los perros atados a un vehículo o su uso en peleas.
Las tiendas de mascotas
Y, para luchar contra el abandono, obliga a que todos los animales de compañía estén identificados, vacunados y únicamente los puedan criar profesionales. Para ello, se prohíbe su comercialización y venta en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales.
Y es que existen más de 13 millones de animales de compañía identificados. Pero se calcula que otros siete millones se encuentran fuera de control, al no estar registrados, una situación que el anteproyecto legal prevé revertir. No obstante, aún tiene que pasar por los órganos consultivos y las Cortes, por lo que, como muy pronto, no verá la luz hasta 2023.