LA UNIÓ reclama igualdad de condiciones para salvaguardar a los productores ecológicos valencianos
El sindicato agrario considera inaceptable que productos importados puedan comercializarse como ecológicos en el mercado europeo sin cumplir exactamente esas mismas condiciones.
La Unió Llauradora i Ramadera ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Comisión Europea sus observaciones a la propuesta de modificación del Reglamento sobre producción ecológica, reclamando que la futura normativa garantice una competencia justa entre los productores europeos y las importaciones procedentes de terceros países.
El sindicato agrario advierte de que el modelo ecológico europeo se basa en normas de producción, control y trazabilidad especialmente exigentes, que suponen un esfuerzo económico y técnico significativo para los agricultores y ganaderos de la UE. Carles Peris, Secretario General de La Unió.
En este sentido, la organización rechaza la prórroga automática del actual régimen de equivalencia para las importaciones ecológicas y defiende que, a partir de 2027, todos los productos ecológicos importados deban ajustarse plenamente a las normas de la Unión Europea, certificándose conforme al Reglamento por organismos autorizados y supervisados por la UE. Mantener sistemas más laxos supondría, a juicio de la organización, una desventaja competitiva injustificada para los productores europeos y un riesgo para la credibilidad del sello ecológico.
Asimismo, LA UNIÓ reclama el refuerzo de los controles en frontera, auditorías rigurosas a los organismos de certificación que operan en terceros países y una mayor transparencia sobre los incumplimientos detectados. Según la organización “no puede permitirse que existan puertas de entrada con controles más permisivos ni que el logotipo ecológico de la UE se utilice en productos que no han sido producidos bajo las mismas reglas”.
Junto a la defensa frente a importaciones desleales, LA UNIÓ apoya una simplificación técnica del reglamento ecológico que facilite su cumplimiento a las explotaciones europeas, especialmente las pequeñas y las situadas en zonas desfavorecidas, siempre basada en criterios científicos y técnicos objetivos, sin rebajar el nivel de exigencia del modelo, pero preservando la viabilidad económica de las explotaciones.