FEADCV denuncia que la Generalitat recortará la atención de 9.300 personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana

La Federación de Entidades de Atención a la Discapacidad de la Comunitat Valenciana (FEADCV) ha lanzado una "alerta urgente" sobre el "inminente recorte" presupuestario de la Generalitat, que asegura que afectará directamente a la atención de 9.300 personas con discapacidad intelectual.

Según ha informado la federación en un comunicado, la Generalitat Valenciana "ha decidido aplicar una reducción de más de 14 millones de euros en los fondos destinados a 131 entidades sin ánimo de lucro que gestionan centros de atención y servicios para este colectivo vulnerable". Asimismo, denuncia que estos recortes, planteados desde la Conselleria de Servicios Sociales, "también pondrán en riesgo los puestos de trabajo de 3.700 trabajadores del sector", entre los que cita psicólogos, ATS, cuidadores, personal de limpieza o cocina, entre otros.

FEADCV ha asegurado que este "drástico recorte" pone en riesgo la continuidad de los servicios que estas entidades proporcionan y amenaza con llevar a muchas de ellas a una situación "de quiebra económica, y por tanto a cerrar sus puertas". La entidad ha expresado su "profunda preocupación y disconformidad" con esta decisión, que considera un "retroceso en los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias".

Según la federación, los centros de discapacitados deben hacer frente a deudas crediticias que contrajeron "a la espera de los fondos de un pacto que ha roto" la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en una situación en la que financiación "estaba previamente acordada y presupuestada a través de un concierto propuesto por la Generalitat Valenciana y aceptado por las entidades con vigencia desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio del 2026".

Este acuerdo culminó con la firma el 17 de noviembre de 2022 del 'Acuerdo del Botànic', en el que se pactó "la financiación necesaria para esa dignidad, sostenibilidad y calidad en la que están comprometidas las entidades". Esta financiación "se calculó al detalle para cada centro y se comunicó por parte de la entonces Conselleria de Igualdad en el primer trimestre de 2023, siendo aceptada por todos y quedando a falta de la firma de la Conselleria", ha añadido la entidad.

Sin embargo, ha criticado que la formación del nuevo gobierno encabezado por Carlos Mazón ha ido "retrasando" esta firma pero ha hecho hincapié en que las entidades "han estado trabajando con el presupuesto pactado y financiándose con créditos que han aumentado los gastos de los centros por el pago de intereses".

La Federación ha insistido en que, durante este tiempo, han reiterado la necesidad de reuniones con los nuevos responsables de la Conselleria y han transmitido a su titular, Susana Camarero, la "preocupación" por el retraso de la firma.

Finalmente, este miércoles se ha publicado en el DOGV el un "recorte" de 14.166.124,55 euros, "que era la dotación prevista para el pago de conciertos con las entidades de discapacitados y ha sido desviada para pagar otras partidas".

La organización ha reprochado que esta decisión se ha tomado "de espaldas a las entidades e ignorando los acuerdos alcanzados en 2022 entre la administración, patronal, sindicatos y sectores implicados".

"Quiebra Económica"

La presidenta de FEADCV, Catalina Estevan, asegura que esta decisión "nos aboca a una situación de quiebra económica de los centros y las entidades que los gestionan ya que una cantidad ya acordada y presupuestada para el ejercicio 2023, se nos quita en el mes de noviembre cuando se había contado con este montante económico y las entidades nos estamos financiando con créditos a la espera de que se nos pagara lo acordado".

En esta línea, ha denunciado que esta situación "se agrava además por el hecho de tener que hacer frente a unas partidas de gastos que la Conselleria todavía valora con cifras de 2018, ignorando la subida de precios de los últimos años". Del mismo modo, ha afeado que la propia administración "sigue prohibiendo cobrar ninguna cantidad a los usuarios".

"Al recortar la financiación pública y prohibir la privada resulta imposible que garanticen la dignidad, sostenibilidad y calidad en la atención a las personas con discapacidad intelectual en la Comunitat Valenciana", ha advertido.