La acusación popular pide 3 años de cárcel para el excomisario procesado por racismo

Las organizaciones sociales que ejercen la acusación popular en el proceso penal contra el ex inspector jefe de la comisaría Centro de València Ricardo Ferris han solicitado que se le condene a tres años de prisión por el delito de odio de incitación a la violencia contra las personas migrantes.

Ferris está procesado por equiparar en reiteradas ocasiones la inmigración con la delincuencia y por haber instado públicamente, desde su cargo de inspector jefe, a actuar de forma violenta contra la población migrante. Ocurrió en una jornada sobre inmigración y seguridad ciudadana celebrada el 14 de octubre de 2022. El acto fue organizado por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), respaldado por la asociación Una Policía para el Siglo XXI y transmitido por distintas redes sociales.

Tras su intervención, recuerda la asociación València Acull, una de las organizaciones personadas en la causa, Ferris fue destituido por el Ministerio del Interior y el excomisario solicitó su pase a la segunda actividad, lo que le reconoce por ley algunas retribuciones económicas "mientras continúa difundiendo el mismo mensaje racista en las redes y en las entrevistas que le realizan algunos portales".

Denuncia ante la Fiscalía contra los Delitos de Odio

El 2 de noviembre de 2022, una treintena de organizaciones de personas migrantes y de defensa de sus derechos interpusieron una denuncia por delito de odio contra el excomisario ante la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía de València (Fiscalía contra los Delitos de Odio). Las entidades firmantes actuaron al considerar que las declaraciones del inspector jefe de Policía "no sólo merecen la condena social sino también la penal", y el 24 de enero de 2023 ampliaron la denuncia inicial al comprobar que "continuaba difundiendo su discurso de odio". La Fiscalía inició una investigación, pidió que se le procesara y finalmente ha solicitado tres años de cárcel por haber propagado "el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión" hacia el colectivo migrante. Paralelamente, las organizaciones denunciantes se plantearon ejercer la acusación popular, pero los condicionantes que impone esta figura provocaron que solo dos entidades -València Acull y CIM Burkina- pudieran personarse.

En el escrito de conclusiones de ambas entidades se describe la intervención de Ferris en el acto de Vox y DS, destacando que el acusado hizo su discurso con "la credibilidad y autoridad que le otorgaba el cargo que ostentaba" y con conocimiento de que estaba siendo grabado y de la "falsedad" de los datos que aportaba. Para las acusaciones, "su objetivo no sólo fue difamar a las personas migrantes, provocando su estigmatización, criminalización y deshumanización", sino también exhortar a "ejercer violencia directa contra los extranjeros". Así, reproducen varios párrafos de su mensaje donde el entonces comisario dijo: "Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia", "Todos los que vienen en patera son ex presidiarios" o "Absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera" y "la violencia de género que ahora está tan de moda, exactamente igual".

Y posteriormente se dirigió a quienes le escuchaban en estos términos: "Los españoles somos un pueblo pacífico, lo hemos sido, pero desgraciadamente pues vamos a tener que dejar de serlo", "Vamos a tener que actuar y echarle narices al asunto" o "La seguridad ciudadana es cosa de todos, así que ir preparando…". Las consecuencias de estos mensajes, denuncian, fueron decenas de discursos de odio en las redes, donde se proponían acciones concretas de violencia contra cualquier migrante, como "Limpieza étnica, no hay más" o "Pues al mar con ellos", entre otros mensajes.

Las acusaciones populares aportan entrevistas recientes en las que Ferris reitera las manifestaciones que hizo en el acto de octubre de 2022. Por todo ello, coincidiendo con la petición de la Fiscalía, solicitan para el inspector jefe tres años de cárcel, multa de doce meses con cuota diaria de veinte euros e inhabilitación.