Un centenar de familias alteanas se benefician del Plan de Ayudas Municipales para el pago del IBI
Noventa y cuatro de esas familias han conseguido la ayuda máxima de 300€
El Ayuntamiento de Altea, a través de las concejalías de Hacienda y Bienestar Social, ha puesto en marcha un plan de ayudas municipales para hacer frente al pago del Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI), beneficiando a más de un centenar de familias del municipio. De las ayudas concedidas, 94 han conseguido la cuantía máxima de 300 euros, lo que supone un importante apoyo para las economías familiares beneficiarias y evidencia la relevancia de esta convocatoria como instrumento de apoyo por parte de la administración local. Así lo han dado a conocer el edil de Hacienda, José María Borja y la concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza.
Según ha destacado José María Borja, “una de las prioridades de este Ayuntamiento es hacer una gestión responsable de los recursos públicos, pero también conseguir que esa gestión tenga un retorno directo en nuestros vecinos. Estas ayudas al IBI son un buen ejemplo. Destinamos recursos municipales para ayudar a las familias a afrontar una obligación tributaria”.
Borja ha querido señalar que, “el pago del IBI forma parte de las obligaciones que tienen los propietarios de inmuebles y somos conscientes que, para determinadas familias, hacer frente a este pago puede suponer un esfuerzo importante. Por eso ponemos en marcha estas ayudas con el objetivo de que una obligación tributaria no se convierta en un problema económico añadido”.
El edil de Hacienda ha puesto también en valor el número de familias beneficiarias: “Estamos hablando de 110 familias de Altea, personas empadronadas en el municipio que son propietarias o arrendatarias susceptibles de acogerse a este recurso, como son jubilados, familias numerosas o monoparentales y monomarentales, personas con ayudas por discapacidad o desocupación, entre otras, las que recibirán este apoyo y de ellas 94 contarán con la cuantía máxima de 300 euros”. A lo que Jose Maria Borja ha añadido: “son cifras que reflejan que estamos ante una ayuda que tiene una incidencia real y directa en la economía de nuestros hogares”.
En palabras del edil, “desde Hacienda continuaremos trabajando para compatibilizar una gestión rigurosa de las cuentas municipales con medidas que permiten apoyar a nuestros vecinos. Gestionar bien significa también saber donde son necesarios los recursos y destinarlos allí donde pueden tener un mayor impacto”.
José María Borja ha terminado destacando la coordinación entre las áreas municipales de Hacienda y Bienestar Social en la aplicación de este plan de ayuda. “La colaboración entre las diferentes concejalías es fundamental. Hacienda aporta la capacidad de poner recursos y diseñar medidas de apoyo, mientras que Bienestar Social tiene un conocimiento muy próximo de las necesidades de las familias. Trabajando conjuntamente conseguimos que las políticas municipales sean más eficaces”.
Por su parte, la edil de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha subrayado el carácter social de estas ayudas y ha señalado que “detrás de cada solicitud hay una familia y una realidad concreta. Desde Bienestar Social queremos que las personas que atraviesan una situación económica complicada sepan que cuentan con el Ayuntamiento”. Lanuza también ha incidido en que “más de un centenar de familias de Altea se beneficiarán de esta convocatoria, lo que supone un apoyo importante para afrontar el pago del IBI y aliviar la economía de los hogares beneficiarios”.
La responsable de Bienestar Social también ha puesto en valor la coordinación entre las áreas municipales y ha afirmado que “las políticas sociales requieren de una visión transversal y de la colaboración de todas las áreas del Ayuntamiento. En este caso, el trabajo conjunto con Hacienda permite convertir una partida económica en una ayuda directa para las familias que la necesitan”.
Este Plan de Ayudas Municipales para el pago del IBI responde al compromiso de apoyar a las familias de Altea, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones económicas y evitar que el pago del IBI suponga un impedimento para aquellos hogares que cumplen los requisitos establecidos, reforzando así una política de gestión basada en la responsabilidad económica y, al mismo tiempo, en la atención a las necesidades de la ciudadanía.