Elche | 28.10.2022 16:50
Tras el auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche que ha eximido de cualquier responsabilidad política a la concejala de Educación, la socialista Marga Antón, en el hecho de que los trabajos de exhumación de la fosa común del Cementerio Viejo se realizaran sin contrato, que se conoció ayer, hoy ha sido el turno para la valoración política de esa decisión judicial.
La percepción ha sido radicalmente distinta en función de donde ha provenido.
El PP, que es la formación política que se querelló contra la edil por el delito de prevaricación que ahora ha sobreseído la Justicia, se acta y respecta esa resolución, pero se insiste que la misma deja claro y refleja que la exhumación de la fosa común se realizó de manera irregular, constatando, dice el PP, “la incapacidad” de la concejala de Cultura para la gestión pública.
El PP no va a recurrir el auto judicial que archiva su denuncia contra la edil del PSOE, de modo que ese sobreseimiento provisional se va a transformar en firme. Ahora bien, ha defendido que una cosa es la responsabilidad penal y otra la política, y en ésta última para el PP la situación es clara: el alcalde de Elche debe de cesar a la concejala de Cultura.
El PSOE de Elche, a través de su dirección local y el portavoz de ésta Ramón Abad, ya valoró ayer el auto, considerando que representa un nuevo "varapalo jurídico" al PP.
Este viernes el alcalde de Elche Carlos González se ha movido en términos muy similares: “El auto confirma que la actuación de la concejala de Cultura fue correcta y que no cometió ninguna irregularidad y la responsabilidad de las anomalías se sitúan en el nivel administrativo, que es lo que hemos defendido en todo momento y quedó acreditado en la Junta de Portavoces que se celebró a iniciativa del Gobierno Municipal”, ha dicho González que ha exigido al PP que pida “disculpas” a la concejala de Cultura.
““En el presente caso se ha dado una explicación a todas y cada una de las anomalías detectadas en el expediente que excluyen por tanto la arbitrariedad de la actuación llevada a cabo por sus responsables y por la propia investigada asesorada por ellos”, ha añadido González que ha defendido que “a ello hay que añadir que no existe prueba alguna de que en dicha actuación irregular existiera un conocimiento y voluntad de ello, esto es, de que se actuara a sabiendas de tal irregularidad, hasta el punto de que no se ocultó, sino más bien se publicitó el inicio de unas obras que de haber sabido no estaban amparadas por la legislación procesal vigente no se habían expuesto a la opinión pública”.