El PP de Elche plantea un protocolo municipal contra la okupación ilegal de viviendas
Así como una de una oficina municipal de atención a las víctimas
Elche |
El PP de Elche va a proponer en el pleno municipal de este mes la creación de un protocolo municipal contra la okupación ilegal de viviendas que mejore la respuesta policial y la coordinación institucional, así como la puesta en marcha de una oficina municipal de atención a las víctimas de la okupación, que ofrezca asesoramiento a víctimas de esa situación.
Esos son dos de los acuerdos que han quedado plasmados en una Moción elevada por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de cara al pleno municipal de que se va a celebrar dentro de una semana, el viernes de la semana que viene.
Entre otros acuerdos, el PP también insta pedir al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes Generales a adoptar medidas legislativas más eficaces para luchar contra la okupación de viviendas y para agilizar los procedimientos judiciales en esta materia: “Las medidas legislativas impulsadas por el actual Gobierno de España han agravado este fenómeno y han dilatado los procedimientos judiciales para la recuperación de la vivienda, cuya duración media se sitúa ya por encima de los 23 meses”, ha afirmado Juan de Dios Navarro, portavoz adjunto del PP en el consistorio ilicitano, que también ha apuntado que “debe destacarse además que este problema no está provocado por familias en situación de vulnerabilidad que puedan tener problemas para el pago de la renta, y que merecen toda la protección necesaria; sino que principalmente está organizado por mafias internacionales dedicadas a promover la ocupación”.
Por otro lado, la Moción registrada por el PP de Elche recoge la necesidad de “colaborar con las empresas suministradoras de energía para luchar contra los enganches ilegales”.
Navarro ha confiado en que la propuesta del PP recabe “el apoyo de todos los grupos políticos, ya que supone un problema cada vez mayor para los ilicitanos y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica y libertad de poder disponer de sus propiedades privadas”.