La Justicia investiga de nuevo las multas impagadas por el concejal de Movilidad
La alcaldesa Begoña Carrasco asegura que actuará “en el momento necesario” y defiende la transparencia del concejal mientras no hay resolución judicial firme
La Audiencia Provincial de Castellón ha decidido reabrir la investigación sobre las multas de estacionamiento en la zona azul pendientes de pago por parte del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, tras estimar el recurso de apelación presentado por el Grupo Municipal Socialista.
El auto, fechado el 20 de enero, revoca el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción número 5 y ordena nuevas diligencias para esclarecer qué ocurrió con las sanciones registradas entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de enero de 2024, algunas de las cuales habrían prescrito. La Audiencia señala que “dada la condición del denunciado como concejal de Movilidad y responsable del servicio de estacionamiento regulado, resulta necesario comprobar si la prescripción de un número elevado de sanciones pudo deberse a un posible delito de tráfico de influencias u ‘otra actuación ilícita con relevancia penal’”.
El tribunal también considera “llamativo” el volumen de denuncias prescritas y califica de “sorprendente” que no se lograra notificar al infractor, “al tratarse de una persona perfectamente localizable”. La reapertura, aclara la resolución, se limita “a los efectos de comprobación e investigación de los hechos denunciados”, sin pronunciarse sobre responsabilidades penales.
La oposición exige explicaciones
Tras conocerse la decisión judicial, los concejales socialistas Jorge Ribes y Patricia Puerta afirmaron que la Audiencia Provincial “da la razón al PSOE en la necesidad de investigar” y destacaron la relevancia pública del cargo del denunciado. Ribes subrayó que la reapertura “deja de ser una cuestión política o social para situarse en el ámbito judicial”.
Por su parte, Puerta recordó que el concejal acumuló 167 sanciones de la zona azul, de las cuales más de un centenar prescribieron. La edil explicó que el auto coincide en que “el elevado número de sanciones prescritas justifica la práctica de diligencias para aclarar su tramitación administrativa”. Ambos insistieron en que no se trata de “condenar a nadie por adelantado”, sino de exigir explicaciones y responsabilidades políticas, y reiteraron su petición de dimisión del concejal o su destitución por parte de la alcaldesa.
"No ha recibido la notificación"
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, defendió que ni el Ayuntamiento ni el concejal han recibido notificación oficial del auto y afirmó que “no puedo valorar una resolución que no conozco”. Carrasco recordó que se trata de “un recurso presentado por la oposición tras el archivo inicial del procedimiento” y que, por el momento, “no existe ninguna resolución judicial firme”.
La alcaldesa añadió que el concejal ya ofreció explicaciones en el pleno municipal “en un ejercicio de transparencia y responsabilidad” y aseguró que, si finalmente se recibe notificación judicial, el equipo de gobierno actuará “en el momento necesario y oportuno”. También indicó que el Ayuntamiento “no tiene inconveniente en que se sigan practicando diligencias de investigación”.