Importaciones, plagas y subida de costes asfixian las economías familiares de las personas agricultoras y profesionales de la Comunitat Valenciana
LA UNIÓ sigue presentando propuestas a los diferentes Gobiernos y augura nuevas protestas en la calle si no existe mayor atención y sensibilidad.
Las crecientes importaciones procedentes de terceros países que hunden los precios de nuestras producciones, la amenaza y lucha contra las plagas normalmente importadas, la brutal subida de los costes de producción, la nueva PAC que nos viene y una Ley de la Cadena Alimentaria insuficiente, son algunos de los aspectos que han marcado este año a punto de concluir y que estarán también en el foco de la agenda en 2022, según el análisis elaborado por LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders.
Las respuestas de las diferentes Administraciones ante estas cuestiones son, hasta la fecha, escasas o nulas. Por ello concluimos prácticamente el año con una protesta de más de 2.000 personas entre Favara y Tavernes de la Valldigna -el 3 de diciembre- y anteriormente habíamos realizado también otras movilizaciones, como las del sector del arroz en marzo en València o las de julio y septiembre ante el Ministerio de Agricultura en Madrid por un futuro digno para el campo. En este sentido, LA UNIÓ indica que si no cambia la situación, el próximo año 2022 puede ser aún más caliente en calles y carreteras porque es necesario mantener un tejido profesional para el futuro en el sector agrario valenciano.
Sobre las importaciones, a pesar de los avances y de la presión ejercida, no existe constancia oficial sobre la modificación del acuerdo entre Sudáfrica y la Unión Europea y la posibilidad de introducir cambios para garantizar la seguridad fitosanitaria como el tratamiento de frío, como tampoco hay certificación de que se vayan a considerar a los cítricos como producto sensible a la hora de firmar los tratados comerciales.
LA UNIÓ propone para el próximo año que todos los estados miembros de la Unión Europea adopten un compromiso de exigencia para la reducción de pesticidas, antibióticos y fertilizantes a todos aquellos países terceros que envíen sus producciones al ámbito comunitario, dentro del marco de las exigencias de la estrategia De la granja a la mesa y durante el periodo comprendido hasta 2030.