Desde 2020, las armas requisadas por la Guardia Civil, por ley, tienen que ser destruidas pasado después de un año. A excepción, pero, de las armas reglamentadas que tengan un valor acreditado como patrimonio histórico. En consecuencia, en Castellón, el cuerpo policial se ha desplazado hasta una siderurgia para reducir a chatarra 1.454 armas a través de un proceso de fundición.
Se encontraban, mayoritariamente escopetas; aunque también había rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, armas de alarma y señales (armas detonadoras), armas blancas y de otros tipos de objetos considerados peligrosos para la seguridad ciudadana. Su eliminación impide su reactivación y su uso por parte de la delincuencia, explican des de la Guardia Civil. Esto fue contemplado, ya en 2015, por la Agenda Europea de Seguridad e incorporado, en España, en 2020. Además, el decreto, en esta línea, también prohíbe la subasta de armas.