Las embarcaciones de salvamento humanitario que desde 2020 atracan en el puerto de Burriana denuncian la persecución que están sufriendo desde el gobierno de la Generalitat. Han recibido sanciones administrativas para que paguen con retroactividad los costes de atraque de los que estaban exentos.
Apuntan que desde el paso de VOX por la Generalitat, las ONGs de ayuda humanitaria en el Mediterráneo están sufriendo una persecución. En el caso del pesquero AITA MARI, que trabaja en el Mediterráneo Central, la Generalitat les sanciona con el pago de 34.000 euros por tasas portuarias que la ley de entonces no les obligaba a pagar. Amaia Iguran, su portavoz, recuerda que estas embarcaciones realizan un trabajo que les correspondería a hacer a los gobiernos.
En el caso del OPEN ARMS, el barco recalaba en Burriana para tareas de mantenimiento y se enfrenta a una sanción administrativa de 52.000 euros. Según el portavoz de la ONG, Gerard Canals, es parte de la persecución que están sufriendo ya que en las últimas estancias en el puerto de Burriana han recibido protestas de colectivos de ultraderecha contra la inmigración.
Los mismo pasa con embarcaciones como el SEA AI o el Luis Michael. Las consignatarias recurrirán las sanciones pero, de momento tienen que pagarlas para evitar recargo. Desde el pasado mes de junio, la Generalitat cambió la ley y estas embarcaciones ya no están exentas de pagar las tasas portuarias.