Compromis pide garantizar la igualdad de trato a los movimientos sociales

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha manifestado que "la respuesta al ataque ultra que acabó con una persona en la UCI y tres de los presuntos agresores en prisión incondicional debe ser dejar de perseguir a los movimientos sociales que han sido víctimas de la agresión".

Frente a un hecho como el ocurrido durante las Fiestas de la Magdalena, "es urgente y necesario, no solo el trato igualitario hacia los movimientos sociales, respetando y reconociendo sus derechos y sin generar señalamientos, sino que el ayuntamiento se preocupe y colabore en todo lo posible para evitar este tipo de agresiones, y sobre todo que deje claro que el odio no tiene cabida ni en las instituciones ni en la calle", ha añadido Garcia.

Garcia ha recordado que Compromís ya denunció la inclusión de l'Ereta -como se conoce popularmente a la plaza Isabel la Católica- en la normativa de limitación de usos y horarios junto a otras plazas como María Agustina, la Mayor o Huerto Sogueros porque "respondía a una persecución política e ideológica contra aquellos que piensan diferente". El portavoz ha afirmado que más allá de esta medida, "fuerzas del gobierno municipal como Vox llevan señalando y criminalizando a los movimientos sociales de izquierdas desde la campaña".

No obstante, para Garcia el hecho de que l'Ereta sea un espacio no comparable con las dimensiones y la afluencia del resto de plazas y las condiciones de uso sean mucho más restrictivas de las que tiene una zona ZAS, "hace evidente que se buscaba impedir que los colectivos que utilizan este espacio público de manera habitual pudieran hacerlo".

"NO ES CASUAL"

Desde Compromís han asegurado que no es "casual" que las restricciones afectaran a la Plaza Isabel la Católica "porque es el espacio donde desde hace más de 15 años diferentes colectivos y entidades juveniles feministas y antifascistas realizan sus actos". En este sentido, Garcia ha recordado que "amparándose en esta nueva norma reguladora, desde el Ayuntamiento se prohibió la celebración de un acto organizado por el colectivo feminista Subversives Castelló con motivo del 25N, día por la eliminación de la violencia machista, y se confiscó material como sillas y equipos de sonido".

Según el portavoz valencianista, "el gobierno no ha aportado ninguna documentación sobre quejas o denuncias efectuadas en la celebración de acontecimientos en estos lugares que puedan motivar o justificar esta restricción y prohibición". Así pues, Garcia ha manifestado que "el hecho que las condiciones más restrictivas sean hechas en un espacio donde se articulan actividades de grupos que tienen posicionamientos políticos diferentes del gobierno municipal, y que todo el planteamiento sea tan arbitrario y sin ningún documento que lo avalo o como mínimo con un criterio extensible al resto de barrios y ciudad, solo se puede entender como un intento del gobierno de coartar la libertad a llevar a cabo actividades libremente de aquellos que no piensan como ellos".

Garcia ha insistido en que "Castelló no merece una alcaldesa que se ponga de lado ante un hecho tan grave", y ha criticado que "no se haya hecho mención ni se haya condenado" la agresión del primer sábado de la Magdalena "en ninguna de las valoraciones de las Fiestas, ni durante ni después".

Para el edil, Begoña Carrasco "está tratando de imponer un relato falso de pelea entre bandas que la propia justicia desmiente, ya que se han presentado cargos por delitos de odio, y así evitar hablar de lo que mucha gente en esta ciudad se pregunta, sobre qué relación tiene el concejal de seguridad, Antonio Ortolá de VOX, con los ultras que presuntamente llevaron a cabo el ataque y con los que se le ha visto en las gradas de Castàlia".