Cinco años después del derrumbe de Peñíscola, los propietarios siguen reclamando justicia
Denuncian que más de un año después del auto judicial el Colegio todavía no ha respondido al requerimiento para designar un perito.
Este martes 25 de agosto se cumplen cinco años del derrumbe del edificio de 55 viviendas de la urbanización Font Nova de Peñíscola, un siniestro que causó la muerte de una mujer de 54 años y un niño de 14. Cinco años después, los propietarios continúan reclamando justicia, mientras la investigación judicial sigue abierta y todavía no han concluido las diligencias previas destinadas a determinar si existieron negligencias graves y posibles responsabilidades penales. El inmueble permanece inhabitable y, según denuncia la comunidad de propietarios, ha sido completamente vandalizado y sus viviendas saqueadas, cuando el acceso les estuvo prohibido por el juzgado, por lo que consideran que el mismo juez debería haber garantizado la vigilancia y seguridad del edificio.
La investigación se reabrió en octubre de 2024 por orden de la Audiencia Provincial de Castellón, que consideró prematuro el sobreseimiento provisional y ordenó practicar nuevas diligencias. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs declaró investigados a varios técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola que participaron en la concesión de las licencias de obras y primera ocupación. También pidió al Colegio de Arquitectos de Castellón información sobre el visado del proyecto y la documentación técnica. Sin embargo, según los propietarios, más de un año después del auto judicial el Colegio todavía no ha respondido al requerimiento para designar un perito.
Un informe de la Conselleria de Vivienda atribuyó el derrumbe a una suma de deficiencias y errores en la estructura del edificio y señaló que la ejecución de la obra se alejó del proyecto de construcción. Entre las deficiencias detectadas figuraban el uso de materiales de peor calidad, unos cimientos demasiado finos y humedades en la cámara sanitaria que habrían reducido hasta un 40 por ciento la capacidad de los muros de carga. El perito que elaboró este informe se ratificó en sus conclusiones ante el juzgado el pasado marzo.
Mientras tanto, la comunidad de propietarios denuncia que no ha recibido ayudas ni soluciones por parte de las administraciones y reclama vigilancia ante las continuas roturas del vallado y el saqueo continuo porque no se vigila el acceso al inmueble.