Más de 50 asociaciones han solicitado a los responsables políticos del Ministerio que no autoricen estos proyectos debido a las graves consecuencias y afecciones ambientales, sociales y económicas que suponen para los vecinos y los pueblos del interior de las comarcas de Castellón.
Ambos proyectos, que cuentan con informes desfavorables por parte de la Diputación de Castellón y las consejerías de patrimonio, paisaje y medio ambiente de la Generalitat Valenciana, se encuentran judicializados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por posible delito ambiental y prevaricación durante el proceso de tramitación de la Declaración Ambiental (DIA). Tanto el proyecto MAGDA como el Clúster Maestrazgo y su línea de evacuación de Muy Alta Tensión que pretende cruzar Els Ports, están impulsados por multinacionales y fondos de inversión extranjeros.
Según el comunicado de las asociaciones, estos pretenden utilizar el interior de la provincia de Castellón para producir y transportar energía de forma masificada, especular con el precio de comercialización y aumentar los beneficios de sus accionistas: "Se trata de fondos de inversión que desconocen y maltratan el territorio en nombre de la transición energética para hacer su negocio privado. Es evidente que queremos y necesitamos una transición hacia las energías renovables, pero no pueden ser multinacionales y fondos de inversión extranjeros quienes decidan sobre la ordenación del territorio y el modelo de implantación de estas infraestructuras según sus intereses económicos, sin tener en cuenta el impacto y la opinión de las personas que vivimos en el mundo rural y nuestras administraciones".
Tanto el Ayuntamiento de les Coves, donde se pretende ubicar mayoritariamente la macroplanta MAGDA, como los ayuntamientos de Portell, Cinctorres y Morella, por donde pretende pasar la autopista eléctrica del Clúster Maestrazgo, han aprobado mociones y posicionamientos contrarios a la ejecución de estos proyectos extractivistas. Existe una gran oposición popular de los vecinos, como se ha podido observar en las diferentes manifestaciones y actos convocados en los últimos meses tanto en los mismos pueblos como en las ciudades de Valencia y Castellón.
Las entidades de defensa del territorio también exigen a los responsables políticos de la Diputación de Castellón, del gobierno de la Generalitat Valenciana y del Ministerio para la Transición Ecológica del gobierno español un mayor compromiso e implicación en la defensa de nuestros pueblos y comarcas ante este ataque, y exigen que "en ningún caso se otorgue la utilidad pública a proyectos privados y especulativos como el MAGDA o el Clúster Maestrazgo, que significarían una cicatriz de por vida para nuestras comarcas y pueblos, y acentuarían aún más la problemática del despoblamiento en las áreas rurales".