Educación

Reunión en Castelló sobre el conflicto del Colegio Hernández

La dirección del centro ha convocado hoy a los padres de los alumnos y les manda un mensaje de tranquilidad, insisten en que el colegio no va a ser desalojado

Virginia Delgado

La Ribera | 27.12.2023 10:24

Esta tarde, la dirección del Colegio Hernández de Castelló ha convocado una reunión informativa para despejar dudas sobre la situación en la que se encuentra el centro, después de que la justicia haya emitido una orden de desalojo antes del 11 de febrero, por impago del alquiler durante 3 años.

Un conflicto familiar, entre las dos partes propietarias de las instalaciones ha generado esta polémica que afecta directamente a unos 300 alumnos y a sus familias.

Ramiro Blasco, abogado que representa a la parte demandada, la empresa que gestiona el Colegio, ha lamentado que una disputa personal haya llegado a esta situación. Pese a ello, pide tranquilidad a los padres de los alumnos, y a la comunidad educativa, porque la orden de desalojo va a ser recurrida e, insiste, el colegio no va a cerrar sus puertas.

La reunión convocada por la Dirección del Colegio Hernández tendrá lugar esta tarde a las cinco y media en el Teatro Ideal.

Por su parte, los abogados de la propietaria de parte de las instalaciones, que es la que denuncia el impago, inciden en que se han dado muchos avisos e intentado llegar a acuerdos, antes de llegar a esta situación, pero la sociedad siempre se ha negado a pagar la renta, lo que ha concluido en el desahucio. Además, lamentan que consideran que no se trata de una cuestión de dificultad económica, porque el colegio recibe el concierto de Conselleria que sufraga, entre otros, el gasto de alquiler. Por otro lado, han alertado, de que la sociedad que gestiona el colegio, presentó hace una semana un concurso de acreedores, lo que implicaría la extinción del concierto educativo y dejar de recibir la financiación del gobierno valenciano.

La orden de desalojo da un plazo voluntario de 2 meses, hasta el 11 de febrero, de no haber un desalojo voluntario, no quedaría otra alternativa que realizarlo con asistencia de la fuerza pública.