Alicante y Elche se pronunciarán sobre la OPA hostil de BBVA sobre el Banco Sabadell

Las concejalas de Compromís en los ayuntamientos de Alicante y Elche, Sara Llobell y Esther Díez, respectivamente, han anunciado la presentación de declaraciones institucionales en sendos consistorios para que las corporaciones se manifiesten en contra de la OPA hostil presentada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, dadas las consecuencias sociales de esta operación financiera.

Desde Compromís consideran "indispensable" que el Gobierno Central paralice este proceso, con el fin de asegurar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, y "un mejor servicio y más asequible" al conjunto de la ciudadanía.

Para la concejala de Alicante Sara Llobell "la OPA hostil tendría, "indudablemente", un impacto negativo y lesivo para Alicante y sus comarcas, desde el punto de vista económico y social. Las consecuencias serían "la pérdida de la sede social en nuestra ciudad", tres de cada cuatro personas quedarían como clientes de uno de los tres grandes bancos (CaixaBank, Santander y BBVA), afectando así a la competencia.

También se destruirían 1.300 puestos de trabajo y se cerrarían decenas de oficinas. Además, el poder económico de la Comunitat y, en concreto, de Alicante mermaría. Del mismo modo, se verían afectados institutos culturales y académicos --el origen de la CAM está muy enraizada en el territorio-- por lo que, "en el caso de que se formalice la operación, se podría pedir la inclusión de una cláusula para mantener todos los compromisos sociales, culturales o deportivos".

Por su parte, la edil ilicitana Esther Díez ha señalado que “esta operación supondría el cierre de buena parte de las más de 200 oficinas con las que ambas entidades cuentan en la provincia, un hecho que afectaría de manera muy negativa a los miles de clientes que merecen un servicio de proximidad”.

Asimismo, ha añadido, la concentración bancaria podría traducirse en "créditos más caros y en el aumento de las comisiones y hay que recordar que no sólo son particulares, sino también miles de pequeñas y medianas empresas las que dependen de estos bancos", un motivo más para que se pongan en marcha las herramientas públicas que frenen esta operación”, ha recalcado Díez.