Madrid |
Antes de clausurar el foro Melilla en la sede de CEOE, ha cifrado la presidenta que en Madrid se practican "uno de cada cinco abortos" en España, de los que el 10% viene de otras comunidades autónomas. Por eso se pregunta: "¿dónde queda la libertad de los profesionales sanitarios que quieren ejercer o que no quieren hacerlo?". De leyes "sectarias", únicamente se pueden encontrar respuestas sectarias como la de Sánchez, afirma Díaz Ayuso, "a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos como el de conciencia. Y es que nosotros la objeción de conciencia es lo que defendemos".
Aboga la presidenta a que la Comunidad de Madrid prefiere encomendarse a la Justicia y que ésta decida, "y no un Gobierno tan sectario y que redacta de manera furibunda las leyes. Estamos hablando de los médicos, de los sanitarios y de todas aquellas personas que, por distintos motivos, no tienen por qué manifestarse públicamente y no tienen por qué ser estigmatizados por obrar en base a su conciencia".
El PP considera que "las leyes o se modifican o se cumplen" ante la negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid a crear el registro de médicos objetores del aborto, como marca la ley, y cree el vicesecretario de Hacienda de los populares que la justicia debe encargarse de resolver la cuestión.
El presidente del Gobierno ha avanzado que solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid por no presentar su registro de objetores al aborto, argumentando que el ejecutivo madrileño "se ha negado reiteradamente a crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo", y que esto "atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios", y "protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones".