El Gobierno informa a los migrantes de Ceuta de los daños oculares por el eclipse
Katia Sanz Amado | Agencias
Madrid |
La reciente crisis migratoria registrada en Ceuta, donde alrededor de 70.000 personas lograron cruzar la frontera de manera irregular a finales del pasado mes de julio, ha desencadenado una reacción de máximo alcance en el Gobierno central.
Ante la permanencia de miles de migrantes en la ciudad autónoma y la convocatoria a través de las redes sociales para nuevos intentos de salto el próximo 15 de agosto, el Ejecutivo ha escenificado un firme endurecimiento en su discurso al lanzar un mensaje de tolerancia cero ante cualquier entrada que vulnere la legislación española y europea.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido tajante al aseverar que no existe espacio en el país para quienes pretendan ingresar vulnerando la legislación vigente. Estas manifestaciones se producen en un contexto de máxima prevención ante las convocatorias difundidas en redes sociales que incitan a realizar intentos de entrada masiva hacia Ceuta, buscando evitar que se repitan situaciones de alta presión fronteriza como la registrada a finales de julio.
Para contener estos llamamientos y proteger los perímetros de Ceuta y Melilla, el Ministerio del Interior trabaja en estrecha coordinación con el Gobierno marroquí.
El país vecino está implementando un despliegue relevante para reforzar los medios de contención e impedir cualquier asalto irregular. Grande-Marlaska ha remarcado que la actuación conjunta busca neutralizar de forma preventiva cualquier intento de vulnerar los pasos fronterizos, garantizando la seguridad en ambos recintos y asegurando un cumplimiento estricto de la legalidad vigente.
Esta línea de severidad ha sido ratificada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha confirmado que Madrid y Rabat están comprometidos en coordinar el retorno de todas las personas que crucen la frontera por vías no legales.
Albares ha advertido explícitamente a quienes intenten acceder a las ciudades autónomas de que no podrán quedarse de forma indefinida ni trasladarse a la Península o al resto de Europa. Con este posicionamiento, el Ejecutivo aleja su estrategia actual de los discursos iniciales de acogida para consolidar un modelo centrado en el control fronterizo y las devoluciones sistemáticas en frontera.