Madrid |
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha elogiado el “trabajo decisivo” de este órgano que vela por la legalidad y el control de las finanzas públicas para conseguir una Administración más transparente y eficaz, con autonomía e independencia de los sucesivos gobiernos y diferentes composiciones de la Asamblea de Madrid. “Las administraciones tenemos la obligación de ofrecer una información clara y fácilmente accesible”, ha subrayado. "La defensa del Derecho se acaba cuando se regalan aprobados, se dan beneficios penitenciarios, se indulta y se amnistía a quienes cometen graves delitos, se redactan códigos penales a conveniencia, se colonizan empresas públicas con comisarios políticos o se colapsa adrede el sistema judicial con leyes que son casi disparates... o cuando se propone regularizar o expulsar directamente a cientos de miles de personas sin tener en cuenta el Estado de Derecho; cuando se abusa de los decretos o se paraliza la fiscalización política y presupuestaria de un gobierno. La inseguridad jurídica, la opacidad, la arbitrariedad y la paralegalidad no se pueden volver estructurales, porque entonces es cuando todo cae, desde la confianza ciudadana a la propia prosperidad misma".
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid se creó en 1999, y desde entonces ha emitido más de 450 informes de todo el sector público madrileño, 34 de ellos el año pasado. La Asamblea de Madrid renovó en diciembre de 2023 su composición, paralizada desde 2018, y eligió presidente a Joaquín Leguina, que se incorporó al cargo en abril del año siguiente. Esta reforma incluyó a los consorcios y las fundaciones adscritas a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos, que desde entonces pasaron a formar parte del ámbito de fiscalización de la Cámara.