La consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha sido condenada como autora de un delito de desobediencia a un año de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos en todos los ámbitos territoriales, así como para el ejercicio de funciones de gobierno durante un año. También tendrá que pagar 12 mil euros de multa y las costas del proceso judicial.
En la sentencia, la sala de lo civil y penal del TSJC recuerda que Serret, como consejera de Agricultura en aquel momento, fue advertida personalmente y, en diversas ocasiones, por el Tribunal Constitucional de que debía "impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la supensión" del proceso independentista y que, en caso de no hacerlo, podría incurrir en eventuales responsabilidades, incluida la penal. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Durante el juicio, el pasado 29 de marzo, Serret reclamó su absolución con el argumento de que ella actuó obedeciendo el "mandato democrático" de la mayoría independentista del Parlament y defendió que el referéndum no fue un delito.
Serret fue de unas líderes independentistas que huyó a Bruselas tras la aprobación de la declaración de indepenencia en el Parlament y fue declarada en rebeldía procesal por el Supremo en julio de 2018. Finalmente, el 12 de marzo de 2021 Serret compareció voluntariamente ante el Tribunal Supremo para ponerse a disposición de la justicia y fue acusada de desobediencia, un delito que no implica la pena de prisión. De esta manera, la actual consejera abrió una vía que difiere de la confrontación que defienden Carles Puigdemont o la ex consejera de Educación, Clara Ponsatí, que el lunes plantó al juez del Supremo Pablo Llarena y no acudió a su citación.