La presidenta de Junts, Laura Borràs, está acusada de prevaricación continuada y falsedad documental por, presuntamente, haber fraccionado una veintena de contratos por valor de 330MIL euros cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. La presidenta suspendida del Parlamento se enfrenta a una pena de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación ya una multa de 144MIL euros. La fiscalía pide para los otros dos acusados penas de cárcel que oscilan entre seis y tres años.
El último movimiento de la defensa de Borràs ha sido considerar a los otros dos imputados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, también como parte acusadora junto a la ministerio público. El abogado Gonzalo Boye argumenta que sus defensas han estado negociando un pacto con la fiscalía para rebajar sus penas a cambio de inculpar a la dirigente de Junts. Por todo ello, Borràs solicita al tribunal intervenir en último lugar durante todo el juicio para garantizar -alega- su derecho a la defensa.
El independentismo político, mientras, se aleja de Laura Borràs. Durante toda esta semana ha habido un goteo de actores soberanistas que han anunciado que no le acompañarán mañana hasta las puertas del TSJC. El último en desmarcarse de la comitiva de apoyo a Borràs ha sido el alcaldable por Barcelona de su partido, Xavier Trias. En declaraciones a Betevé, Trias ha explicado que, pese a su ausencia mañana, le da todo su apoyo en este juicio que, para él, sí tiene "una carga política" ya que piden a Borràs 6 años de prisión por delitos relacionados con irregularidades administrativas. Por su parte, el Govern ya comunicó que no iría ningún representante del ejecutivo y hoy el presidente Pere Aragonès ha vuelto a enmarcar el juicio en un caso de corrupción. Tampoco asistirá la Asociación de Municipios por la Independencia, mientras que el ANC enviará a su número dos y Òmnium Cultural da libertad a sus miembros de la Junta para que lo hagan a título personal.