El Partido Popular denuncia el “abandono financiero” del Gobierno de España a los Ayuntamientos de la provincia
Afirman que el Gobierno de Sánchez, lejos de aportar fondos extraordinarios por la pandemia, se niega a entregar 752 millones de euros en concepto de IVA de diciembre de 2017 que adeuda al mundo local.
La presidenta de los populares de Palencia, Ángeles Armisén, así como las procuradoras por Palencia María José Ortega y Mercedes Cófreces, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para valorar la financiación de las entidades locales de la provincia de Palencia.
En su comparecencia, han defendido la existencia de dos modelos: el del compromiso con los Ayuntamientos, promovido por el Partido Popular, y el del abandono de todos los municipios de la provincia de Palencia que encabeza el PSOE.
En palabras de Armisén, “el Gobierno de Sánchez no ha aportado ni un solo euro de financiación extraordinaria para que los Ayuntamientos afronten las consecuencias de la pandemia, y se niega a devolver los 752 millones de euros que les debe por la recaudación del IVA de diciembre de 2017”.
Han destacado el carácter reivindicativo de la Junta de Castilla y León, que ha logrado la primera sentencia que reconoce la obligación del Gobierno para proceder al pago del IVA adeudado a las Comunidades. “Sólo tras la iniciativa pionera de nuestra Comunidad, la FEMP se ha animado a reclamara esta devolución para el conjunto de las corporaciones locales”.
Aseguran que el Gobierno del Partido Popular en la Junta coopera con los Ayuntamientos y Diputaciones desde el primer momento de la pandemia. Castilla y León es una de las cinco comunidades en las que se han destinado fondos extraordinarios para las entidades locales. A través de tres fondos adicionales, se han movilizado más de 93 millones de euros -la mayor cifra de España-, de los que 5 millones han llegado al ámbito local de la provincia de Palencia.,
Más allá de esta emergencia extraordinaria, el modelo habitual del Partido Popular lleva la solidaridad con los municipios hasta un Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad. Somos una de las siete Regiones que contemplan esta opción, blindándola a través de una ley. Gracias a este Fondo, llegarán en 2021 cerca de 1,2 millones de euros a los 191 Ayuntamientos y a la Diputación Provincial. Desde el Partido Popular muestran su extrañeza ante la oposición que manifestó el PSOE el pasado año al modificar el modelo.
Entre los principales puntos, destaca el carácter incondicionado de las cuantías que, en un año como este, podrán destinarse a ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia o a inversiones para la recuperación. Del mismo modo, contempla que, para los municipios de menos de 1.000 habitantes -171 de los 191 municipios de Palencia-, estas ayudas se abonen en un único pago a principios de año, dotando de seguridad económica al ámbito local.
Los populares han puesto en valor otra de las patas de la financiación local de la Junta de Castilla y León: el Fondo de cooperación económica local, que inyecta casi 3,7 millones de euros en las instituciones locales en el año 2021.
Han aseverado que este es el auténtico compromiso con el municipalismo. Para Armisén, “no apoyar a los Ayuntamientos no es abandonar a una administración; es abandonar a los ciudadanos, algo que el PSOE realiza de manera deliberada y sistemática”.
María José Ortega ha señalado que los criterios de reparto del fondo de la Junta de Castilla y León responden a las necesidades de la provincia de Palencia: “tienen en cuenta factores como la población mayor de 65 años, o la dispersión en diversas entidades locales menores, garantizando la solidaridad y la cohesión”.
Por su parte, Mercedes Cófreces considera que el fondo “no tiene sorpresas para los Ayuntamientos”, ya que se determina con una cuantía cierta, en base a la liquidación del presupuesto autonómico del año anterior. En contraposición, la financiación local del Gobierno de España se basa en anticipos a cuenta con cargo al año 2021 por lo que, si las previsiones de ingresos no se cumplen -algo más que probable en un contexto de pandemia-, los Ayuntamientos deberán devolver parte de ese dinero, poniendo en riesgo su estabilidad financiera.