(ICAL) La Comisión Europea está estudiando las reglas de protección del lobo ante el aumento de ataques al ganado ganado y no descarta revisar las normas comunitarias que regulan la protección de este animal.
La propia jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha argumentado que la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un “peligro real” para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos, a la vez que ha instado a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas cuando sea necesario y recuerda que la legislación vigente de la UE ya les permite hacerlo.
Por este motivo, la Comisión Europea invita a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a que presenten, a más tardar el 22 de septiembre de 2023, datos actualizados sobre la población de lobos y sus efectos.
A partir de los datos recogidos, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar, en su caso, el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico a fin de introducir, en caso necesario, una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie.
La revisión por parte de la Comisión de los datos científicos sobre el lobo en la UE forma parte integrante del análisis en profundidad que la Comisión está llevando a cabo en respuesta a la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de noviembre de 2022. En abril de 2023, la Comisión comenzó a recopilar los datos de los grupos de expertos y de las principales partes interesadas, así como los datos notificados por las autoridades nacionales con arreglo a la legislación de la UE e internacional vigentes. Sin embargo, estos datos, según la propia Comisión Europea, siguen sin ofrecer una imagen completa suficiente para que la Comisión diseñe nuevas medidas, por lo que la Comisión está ampliando hoy esta consulta.
La Comisión Europea, según un comunicado recogido por Ical, es consciente de que el regreso del lobo a las regiones de la UE en las que ha estado ausente durante mucho tiempo puede dar lugar a conflictos con las comunidades agrícolas y de cazadores locales, especialmente cuando las medidas para evitar ataques al ganado no se aplican de manera generalizada.