El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado suspender las salidas de los usuarios de residencias de mayores de la región de una duración menor a siete días, dado que estos centros se están viendo afectados por la incidencia del COVID-19, con un incremento paulatino del número de casos y brotes, lo que supone, en una población muy vulnerable como las residencias, un elevado riesgo de hospitalizaciones y defunciones.
Así consta en la resolución de la Consejería de Sanidad publicada este lunes por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que recoge Europa Press, en la que se indica que durante dicha salida se deberán extremar las precauciones y se deberá permanecer en un entorno estable.
A su vuelta al centro, la persona residente deberá realizarse una prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Esta resolución modifica la anterior del 29 de enero de 2021, por la que se aprobaron medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El Gobierno autonómico ha dado traslado de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para la ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.