El nuevo decreto de biometano deja en manos de los ayuntamientos el rechazo a las macroplantas, salvo en los proyectos prioritarios

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha abierto a participación pública, hasta el 24 de agosto, el borrador del nuevo decreto para regular las plantas de biogás y biometano. El texto permitirá a los ayuntamientos rechazar estos proyectos, aunque establece una excepción cuando sean declarados proyectos prioritarios por el Gobierno regional. La Coordinadora Stop Ganadería Industrial C-LM asegura que 50 de las 70 macroplantas actualmente en tramitación, el 71%, cumplirían las condiciones para poder recibir esa declaración al estar situadas en zonas vulnerables a nitratos y prever la recepción de residuos como purines, vinazas o alperujos. En esos casos, según el colectivo, los ayuntamientos no podrían detener los proyectos si la Junta los declara prioritarios.

Hasta el momento, la coordinadora señala que ocho macroplantas han recibido esta consideración en las provincias de Toledo y Ciudad Real, en proyectos que afectan a Noez, Gálvez, Madridejos, Mascaraque, Campo de Criptana, Socuéllamos, Caracuel de Calatrava y Carrión de Calatrava. Este decreto supone el segundo intento del Gobierno regional de regular el sector después de retirar en junio el Plan de biometanización, que había recibido más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares y generado el rechazo de numerosos ayuntamientos. El borrador establece además que el 80% de los residuos utilizados por las plantas deberá proceder de un radio máximo de 35 kilómetros, equivalente a una superficie de unos 3.848 kilómetros cuadrados. El 20% restante podrá llegar desde cualquier lugar.

Stop Ganadería Industrial C-LM, integrada por 50 movimientos vecinales de las cinco provincias, cuestiona que el decreto sea suficientemente garantista. Entre sus críticas señala las excepciones contempladas en las distancias mínimas, que podrían permitir reducir los 500 metros establecidos respecto a macrogranjas, así como la posibilidad de construir instalaciones a 251 metros de captaciones de agua o embalses. La organización también critica que no se tenga en cuenta la dirección de los vientos dominantes para establecer las distancias respecto a núcleos urbanos o establecimientos turísticos, que no se exija la trazabilidad del digestato y que este residuo pueda aplicarse a un kilómetro de los núcleos urbanos.

Asimismo, cuestiona que determinada información sobre la entrada y origen de los residuos pueda quedar protegida por el “secreto industrial”, que las inspecciones puedan ser realizadas por empresas privadas de certificación ambiental y que el cálculo de la huella de carbono no incluya todas las emisiones vinculadas al proceso y al transporte. “Aunque es un paso positivo dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de si autorizar o no una macroplanta de biometano, existe el riesgo de que la Junta la declare proyecto prioritario, lo que dejaría en papel mojado este decreto”, sostiene la coordinadora.

Stop Ganadería Industrial C-LM anima a ayuntamientos, colectivos vecinales y particulares a presentar aportaciones antes del 24 de agosto y reclama a la Consejería de Desarrollo Sostenible que revise el borrador antes de su aprobación definitiva.