La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural quiere que la futura regulación autonómica del biometano otorgue a los municipios capacidad efectiva para rechazar estas instalaciones. Entre sus aportaciones al proyecto de decreto de la Junta, solicita que ninguna planta pueda ser autorizada cuando exista un acuerdo expreso y motivado en contra del Pleno municipal, incluso ante una eventual declaración del proyecto como estratégico o de interés regional.
La asociación fundamenta sus reclamaciones en la situación de Campos del Paraíso, un municipio de poco más de 600 habitantes donde se proyectan hasta tres plantas de biometano. Los vecinos advierten además de otros proyectos próximos en Huelves y Tarancón y reclaman que las instalaciones no sean evaluadas de manera aislada, sino teniendo en cuenta su impacto acumulado sobre carreteras, recursos hídricos, disponibilidad de residuos y superficies agrícolas para gestionar el digerido.
Entre las propuestas más exigentes figura aumentar de los 2 kilómetros contemplados en el borrador hasta los 10 kilómetros la distancia mínima respecto al suelo urbano residencial. También plantean que, con carácter general, el 100 % de los residuos tratados proceda del propio municipio o de un radio máximo de 35 kilómetros, admitiendo excepciones justificadas que no superen el 10 %.
La asociación reclama además que las nuevas condiciones se apliquen a los proyectos que actualmente se encuentran en tramitación y que estos tengan que acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos sobre distancias, tráfico, residuos, gestión del digerido y capacidad territorial.
Finalmente, propone crear un registro público autonómico con información sobre cada planta, sus residuos, emisiones, rutas de transporte, inspecciones y posibles sanciones. Los vecinos aseguran que no se oponen al aprovechamiento energético de los residuos orgánicos, pero defienden un modelo de instalaciones de menor escala y vinculado a los recursos generados en el propio territorio.