La acusación particular, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que se ha producido un acuerdo entre todas las partes, "para evitar la celebración de un juicio largo que tenía multitud de testigos". Asimismo, ha dicho que la pena --la mínima al no apreciarse ningún tipo de atenuante -- "está ajustada al derecho".
La víctima, que sufrió heridas en la cuarta costilla --donde sufrió la primera puñalada que le podría haber causado la muerte-- y el antebrazo izquierdo, "tiene un estrés postraumático que aún no ha curado", según su abogado. Ha detallado que "sufre otras patologías como insomnio crónico" y que "probablemente pasen años para que se recupere de estos hechos tan graves".
La acusada, en prisión provisional desde el año 2021, habría presentado una denuncia contra R.M.J. por malos tratos que se archivó, sin pena para el denunciado. La abogada de la encausada ha explicado que "ella siempre se sintió víctima de malos tratos", añadiendo que "está afectada y dolida".
LOS HECHOS
Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron sobre las 10.30 horas del 26 de abril de 2021, cuando la acusada se dirigió a la vivienda en la que residía su expareja a recoger unas pertenencias.
En ese momento, la víctima, R.M.J. abrió la puerta a su expareja luego de que ella llamase al timbre y, una vez dentro, la procesada, siempre según el escrito de la Fiscalía, se hizo con un cuchillo de cocina que estaba en la mesa de una de las habitaciones de la casa para entonces, guiada por el ánimo de acabar con su vida o aceptando que se produjeran las consecuencias derivadas del arma empleada, incluso la muerte del mismo, asestar tres puñaladas a R.M.J., una de ellas en la región torácica a la altura del pulmón izquierdo y otras dos en el antebrazo izquierdo, al tiempo que le pedía a su expareja que le dejase su teléfono móvil, diciendo "tengo que demostrarlo todo", entre otras expresiones.
Por estos hechos, la sentencia in voce dictada impone la pena de 7 años, 6 meses y un día de prisión para la acusada, así como la prohibición de acercarse a R.M.J. a una distancia inferior a 500 metros, y una indemnización de 3.400 euros a la víctima por las lesiones causadas y 9.735,05 por las secuelas sufridas. Además, deberá compensar con 4.246,25 euros a la Junta de Comunidades por los gastos de asistencia hospitalaria a la víctima.