5 acusados defienden su actuación cuando atendieron a un albañil que falleció tras una caída en Puebla de Don Rodrigo
La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha celebrado hoy la primera sesión del juicio con jurado que se sigue contra cinco personas acusadas de un delito de omisión del deber de socorro cuando un albañil perdió la vida por una caída mientras trabajaba en una finca situada en Puebla de Don Rodrigo en noviembre de 2014.
Los procesados, que no han respondido a las preguntas de la acusación particular, han defendido la actuación que tuvieron con el fallecido, Máximo Galindo Delgado, de 30 años de edad.
La víctima trabajaba en la empresa GRESAN cuyo gerente, Gregorio Sánchez, ha explicado que en un momento determinado vieron al albañil tumbado en el suelo pero estaba consciente.
Tenía una brecha en la cabeza con un pequeño sangrado, ha dicho este acusado, quien asegura que creían que había sufrido un mareo y que en ningún momento pensaron que era grave.
De hecho, ninguno planteó la posibilidad de llamar al teléfono de emergencias 112.
Fue el gerente de la empresa el que llevó al albañil en su furgoneta hasta el Hospital de Ciudad Real.
Afirma que subió por su propio pie al vehículo y que durante el trayecto el trabajador dijo que estaba nervioso, por lo que el gerente decidió trasladarlo al centro de salud de Piedrabuena.
Máximo bajo de la furgoneta consciente, lo sentaron en una silla de ruedas y al poco tiempo el médico certificó su fallecimiento.
Junto al gerente, también están acusadas otras cuatro personas que atendieron al accidentado. Son trabajadores de la empresa y guardas de la finca.
Todos coinciden en el mismo relato, es decir, que Máximo no tenía ninguna herida grave.
En este juicio la fiscalía no presenta denuncia porque considera que el albañil falleció por una cardiopatía y no por una caída.
Mientras, la acusación particular, que representa a los padres de la víctima, considera que hubo un delito de omisión del deber de socorro porque los acusados no actuaron correctamente y no llamaron al 112. Solicita una multa de 36.500 euros para el gerente de la empresa y de 18.250 euros para cada uno de los otros cuatro acusados. Además, una indemnización en concepto de responsabilidad civil de más de 105.000 euros.
Las defensas piden la libre absolución de los cinco acusados.
El juicio con jurado está previsto que finalice el viernes 1 de abril.