El exalcalde socialista de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, ha defendido la legalidad de las contrataciones y de la obra del coso polivalente que se construyó en esta localidad y por el cual está acusado, junto al exsecretario del Ayuntamiento y el arquitecto municipal, por un delito de prevaricación administrativa.
Ciudad Real | 24.09.2019 14:37
Hoy se ha reanudado el juicio en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, tras quedar aplazado el pasado mes de febrero, en el que la fiscalía solicita para los acusados 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público al entender que hubo irregularidades por el fraccionamiento en 69 partes de las obras de la plaza de toros de Puertollano por un importe de 2,5 millones de euros.
Durante la vista oral, Hermoso Murillo ha manifestado que en el año 2.007, ya en su segunda legislatura como alcalde, el equipo de Gobierno decidió continuar las obras del coso polivalente, que quedaron paralizadas en 2.003.
Y se decidió seguir el mismo procedimiento que en la primera fase, es decir, poco a poco y fraccionando la obra, evitando así el concurso público de empresas.
Como era un proceso excepcional, el ex primer edil pidió que se emitiera un informe de legalidad, y así lo hizo el secretario municipal.
Según Hermoso Murillo, todas las resoluciones de alcaldía sobre esta obra pasaron por el pleno y no hubo preguntas ni objeciones.
Por su parte, el arquitecto municipal, Eugenio Ángel Manso, ha declarado que la obra tenía que estar hecha para las feria de mayo de Puertollano.
Y como no daba tiempo, se decidió fraccionar el proyecto y la contratación para que se construyeran los graderíos hasta donde se pudiera para poder celebrar corridas de toros. Asegura que él no tenía ningún interés en que las obras las acometiera una empresa en concreto.
Mientras, el exsecretario del Ayuntamiento de Puertollano, Juan Luis Vázquez, ha manifestado que el fraccionamiento es algo excepcional, pero que dio el visto bueno al informe que le presento el arquitecto municipal porque estaba justificado y era un profesional muy competente.
Dice que emitió un informe que tiene validez técnica y jurídica, y la valoración de la obra se cifraba en 1,3 millones de euros. Asegura que el procedimiento no lo consideró ilegal.
Las acusaciones particulares, representadas por Izquierda Unida y Partido Popular, piden también penas de cárcel para los tres acusados de entre 6 y 7 años, y añaden los delitos de falsedad en documento público y tráfico de influencias.
El juicio está previsto que quede visto para sentencia el próximo jueves.