El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria
El Consejo de Ministros ha acordado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
Europa Press
Santander |
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Complejo de La Moncloa | Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
El Consejo de Ministros ha acordado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, que llevaron a cabo el PP y Vox en el Parlamento regional.
Así lo ha anunciado la ministra Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha explicado que se ha elevado este recurso ante el Constitucional al no llegar un acuerdo con el Gobierno de Cantabria.
La derogación de ley estaba firmada por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que afirmaba que esta ley "nació muerta" porque quienes la promovieron, el PRC y el PSOE durante la anterior legislatura, no pretendieron "el consenso ni en la forma ni en el fondo" y "ni siquiera" admitieron "el diálogo" entorno a esta norma.
"De una Ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación. Pero la Ley no pretendió el consenso ni en la forma ni en el fondo: ni lo alcanzó en su tramitación, ni lo alcanzó en su contenido. Quien la promovió no lo buscó: ni siquiera admitió el diálogo. Por esa razón la Ley nació muerta", señalaba la presidenta cántabra.
El PP de María José Sáenz de Buruaga llevaba en su programa electoral la derogación de esta ley, que se tramitó en la Cámara regional por la vía de urgencia gracias al apoyo de Vox a los 'populares', que consideraban esa norma un "ataque a la convivencia y a las libertades democráticas".
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