La fiscal rebaja a seis meses su petición de cárcel a los exconsejeros de Sniace por los vertidos al Saja-Besaya

La nueva fiscal de la causa contra los exconsejeros de Sniace por los vertidos contaminantes de esta empresa de Torrelavega al río Saja-Besaya entre los años 2008 y 2010 sin autorización solicitará seis meses de prisión a cada uno de los ocho acusados: al que fuera jefe de operaciones, al presidente de la compañía y al resto de miembros del Consejo de Administración en el momento de los hechos.

La representante del ministerio público rebaja así la petición de cárcel inicial por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras haberse eliminado la continuidad en el ilícito. Y les reclama también 12.000 euros de multa y un año de inhabilitación para actividades relacionadas con emisión de vertidos al medio natural, según ha informado este lunes en el arranque de la repetición del juicio, tras anularse parte del plenario anterior y el fallo previo.

La vista oral, ante la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander y en la que la Abogacía del Estado pide 49,8 millones de euros de indemnización, ha comenzado con las declaraciones de los citados esta vez para completar la prueba testifical: Miguel Gómez de Liaño, que también fue consejero y secretario de Sniace y que ha dicho que actuó como tal, pero no recuerda "nada" y menos "detalles", por lo que se ha remitido a la documentación que obre en la causa; y Francisco Martín, que fue consejero de Medio Ambiente de Cantabria (2007-2011) y que ha indicado que el Gobierno regional no tenía competencia sobre vertidos al río, sí la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

A la primera sesión han sido citados una docena de testigos más y el plenario ha arrancado con el exjefe de operaciones y los exconsejeros de Sniace presentes salvo el que fuera presidente de la empresa, Blas Mezquita, que no ha podido comparecer por motivos médicos. Han rechazado las actuaciones que les imputan y todos menos dos han abandonado el salón de actos de Las Salesas donde se celebra el juicio, del que podrán ausentarse hasta el que sean interrogados el 20 de abril.

La vista se prolongará durante cinco jornadas hasta el día 22 (con las conclusiones, informes y derecho a la última palabra) después que la Audiencia Provincial de Cantabria anulara parcialmente la anterior y la sentencia también, del Juzgado de lo Penal 2 de Santander, que condenó a tres meses y medio de cárcel al jefe de operaciones y a los miembros del Consejo de Administración de Sniace. Se celebró en febrero de 2021, un año después de cerrar la fábrica.

Casi 18 años

Además de Mezquita, fueron condenados otros seis antiguos consejeros de la empresa: Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Antonio Temes, Víctor Guzmán, Julio A. García y Juan Yago, y el entonces jefe de operaciones de la planta, José Francisco González, este último como autor penalmente responsable de un delito contra el medio ambiente (por la decisión de realizar los vertidos contaminantes) en tanto que los anteriores lo cometieron por omisión (por conocer los hechos y no oponerse o prohibirlos).

El anterior juez, José Hoya Coromina, ya jubilado y que en vez de repetir el juicio se ratificó en su sentencia, también impuso a todos siete meses de inhabilitación para actividades relacionadas con vertidos al medio natural y que indemnizaran a la CHC por el perjuicio causado, siendo Sniace responsable civil subsidiaria.

Antes de la prueba testifical, en el trámite de cuestiones previas, las partes personadas han coincidido en apreciar la atenuante de dilaciones indebidas y como muy cualificada además, en una causa que se vuelve a enjuiciar casi 18 años después -17 años y nueve meses- después de las primeras actuaciones, según las defensas.

Un extremo que la magistrada valorará al dictar sentencia, en la que también abordará y se pronunciará sobre la posible prescripción de los hechos y el sobreseimiento de las actuaciones que han interesado los letrados de los exconsejeros de Sniace -que piden su libre absolución-, peticiones que la jueza ha rechazado admitir con carácter previo. También ha negado que haya habido indefensión por parte de los exconsejeros y sí ha admitido nueva documental, entre ella informes aportados por la representante legal de la empresa.

La competencia era de la CHC

En la primera sesión del nuevo juicio destacan las testificales de Gómez de Liaño, que ha asegurado no recordar "absolutamente nada" de su etapa como consejero y secretario de Sniace; y Francisco Martín, que fue consejero de Medio Ambiente de Cantabria cuando se tramitaron las Autorizaciones Ambientales Integradas para limitar emisiones a la atmósfera y vertidos al dominio público marítimo-terrestre de las 63 industrias más importantes de la región.

Ha explicado que la implantación de las AAI fue un "complejísimo proceso técnico" además de novedoso, también para empresas como la papelera del Besaya, con un siglo de actividad entonces y que con motivo del cambio normativo acometió un "esfuerzo grandioso", de "decenas" de millones de euros, para dotarse de una depuradora de aguas residuales, estación que tardó "muchos meses".

El consejero ha agregado que también se demoró "bastante tiempo" la ejecución de una tubería debido a que fue "muy lento" el proceso de tramitación por parte de la CHC (competente del dominio público hidráulico y de los vertidos a cuencas fluviales), y es por lo que -ha dicho- "los problemas surgen". En este punto, ha negado que el Ejecutivo regional tuviese capacidad para parar los vertidos o que detectase afección ambiental de los mismos, y ha admitido en todo caso que haber detenido la actividad de Sniace hubiese generado otros problemas, de índole económica y social.

El entonces responsable de Medio Ambiente de Cantabria -ingeniero de Caminos de formación y que regresó al Gobierno autonómico la pasada legislatura- también se ha referido al método anterior de Sniace para tratar sus residuos: dos balsas que vertían a un canal sin salida "directa" al río, y que a juicio de este profesional y político era "la mejor técnica disponible" en la época.

Martín ha indicado que él trataba asuntos relacionados con Sniace con dos de los acusados, Mezquita y Gómez de Liaño, y sin que técnicos y miembros de su Consejería le trasladaran "nunca" falta de información sobre los vertidos. A su vez, las relaciones del Gobierno regional con la CHC eran "constantes, fluidas y normales".

Aguas de color de la Coca-Cola

En la vista también han testificado dos agentes del CIMA, el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente -organismo dependiente de la Consejería- encargados de muestras y analíticas de agua, o el jefe del Servicio de Control y Prevención de la Contaminación de la Dirección General de Medio Ambiente, jubilado hace catorce años y que acabó "intoxicado de la política". Se ocupó de informes de vertidos de Sniace en 2009 y 2010 -en cuyo contenido se ha ratificado- cuando la situación era "insostenible", pues se incumplían los parámetros y "todos los días" había denuncias.

Precisamente, entre los testigos también destaca el vecino que vive a 100 metros del punto del vertido que denunció en marzo de 2008 y "constantemente" hasta 2010 los residuos, que pasaban de las balsas de almacenamiento "de forma brutal" al canal y también al río. Ha precisado que esto último ocurría "generalmente de noche y muchas veces los fines de semana", cuando "las administraciones cierran".

Ha detallado que las aguas tenían color "rojizo, tirando a marrón", como el de la Coca-Cola, y olor "intenso, fuerte". También ha señalado que en dicha balsa vio "muertos dos cormoranes", pero "ningún" pez en el río. Y ha afirmado que aguas arriba había "vida" en el Saja-Besaya, tanto de flora como de fauna, y ha remachado que a día de hoy, "poca, pero la hay".

El juicio continuará el 16 y 17 con la práctica de la prueba pericial.