Crece la brecha de la exclusión social en Cantabria alcanzando a 80.000 personas

El IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Cantabria presentado este martes en Santander por Don Arturo Ros Murgadas, obispo de Santander y presidente de Cáritas Diocesana; Sonsoles López Huete, directora de Cáritas Diocesana de Santander, y Daniel Rodríguez de Blas, técnico de la Fundación FOESSA, refleja un crecimiento sostenido de la exclusión social en Cantabria que afecta al 14% de la población.

De 2018 a 2024, 20.000 personas más pasaron a estar en exlusión social en Cantabria. Entre las causas, el estudio constata que la vivienda se ha convertido en el epicentro de la exclusión social en la comunidad, afectando a un 23% de la población, un porcentaje que se ha duplicado desde el año 2018 debido, fundamentalmente, al incremento de precios. En este periodo, el precio de compra de vivienda aumentó en torno a un 38%, porcentaje que crece hasta el 60% cuando se habla de obra nueva. Paralelamente, los precios del alquiler subieron un 20%, “muy por encima de la evolución de los ingresos de las familias”.

“Estamos hablando, por tanto, de decenas de miles de ciudadanos para quienes la vivienda no es un espacio plenamente seguro ni accesible”, ha destacado Daniel Rodríguez, quien ha añadido que “cuando el coste de la vivienda crece a ese ritmo, la tensión se traslada a la vida cotidiana. Una parte creciente de los ingresos se destina a sostenerla, reduciendo el margen para el consumo básico o el ahorro, y convirtiendo el hogar en un factor de vulnerabilidad más que de estabilidad”. La vivienda, concluye el informe, se ha convertido en “el gran cuello de botella de la integración social”.

Si bien la tasa de paro en Cantabria es una de las más bajas del país (en torno al 7%), se da la paradoja de que el empleo ha perdido capacidad protectora y ya no garantiza la plena integración. En torno al 10% de los hogares cuyo sustentador principal está trabajando se encuentra en situación de exclusión social. Mientras los salarios han aumentado alrededor de un 16% en términos nominales, debido a la elevada inflación, el poder adquisitivo real de las familias apenas ha mejorado. En este sentido, el informe incide en que el crecimiento económico no garantiza la cohesión social si no se traduce en estabilidad, suficiencia salarial y acceso a derechos básicos.

Desde 2018 han crecido los índices de aislamiento social, entendido como aquellas situaciones en las que las personas carecen de apoyos externos ante dificultades graves o ven debilitadas sus redes de relación, y también se han incrementado las situaciones de conflicto social, englobando problemas graves dentro del hogar tales como como adicciones, malos tratos o tensiones familiares.

La exclusión social en Cantabria presenta rostros concretos y afecta a uno de cada cuatro niños y niñas y al 45% de los hogares en los que el sustentador principal es de nacionalidad extranjera. “Aunque la población migrante ha sido clave para el dinamismo creciente del mercado laboral cántabro, su posición social continúa siendo mucho más vulnerable”, ha explicado Daniel Rodríguez. El tercer rostro de la exclusión social en Cantabria está relacionado con el nivel educativo. Entre los hogares cuyo sustentador principal no tiene estudios o cuenta únicamente con estudios primarios incompletos, la exclusión alcanza también en torno al 45%.

El documento concluye con una llamada a reforzar la cohesión social mediante un nuevo pacto que sitúe la vida, el cuidado y la sostenibilidad en el centro. FOESSA y Cáritas insisten en que la exclusión no es un accidente individual, sino el resultado de desajustes estructurales que requieren respuestas colectivas, políticas públicas sólidas y visión a largo plazo.