La investigación se inició a finales de 2025, cuando unidades especializadas de ambos cuerpos comenzaron de forma paralela las pesquisas sobre uno de los narcotraficantes más activos del archipiélago. Tras detectar la coincidencia de objetivos, Policía Nacional y Guardia Civil unificaron esfuerzos en una investigación conjunta que se prolongó durante ocho meses.
Las pesquisas permitieron acreditar la existencia de una compleja organización criminal que operaba de forma continuada en todo el archipiélago canario y que contaba con conexiones en la Península, el norte de África y Sudamérica. Los integrantes del entramado adoptaban estrictas medidas de seguridad para dificultar la labor policial, utilizando una constante rotación de vehículos y teléfonos, así como diferentes sistemas de vigilancia y contravigilancia. La investigación permitió además constatar que la organización disponía de una importante infraestructura marítima destinada a la introducción de grandes partidas de hachís en Canarias para su posterior distribución. Durante los ocho meses de investigación, los agentes llevaron a cabo cinco importantes intervenciones de droga en distintos puntos del archipiélago. Las actuaciones se desarrollaron en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, donde se intervinieron más de 7.500 kilogramos de hachís.
Como resultado de esta actuación fueron detenidas nueve personas que participaban en la descarga de la droga, además de intervenirse más de 3.000 kilogramos de hachís y la embarcación utilizada para su transporte. Una vez reunidas las pruebas necesarias sobre la actividad de la organización, los investigadores desarrollaron la fase final de explotación de la operación, que culminó con la detención de un total de 25 personas y la práctica de seis registros en inmuebles situados en Gran Canaria y Málaga.
Durante los registros, los agentes intervinieron más de 250.000 euros en efectivo, un arma corta con abundante munición, armas blancas y diversa documentación de interés para el avance de la investigación.