El PSOE de Menorca critica el rechazo del PP a una tasa de hasta cuatro euros por crucerista
Los socialistas defenderán la medida en el Ayuntamiento de Maó y en el Consell Insular para reclamar una compensación económica por los gastos que genera la actividad de los cruceros
El PSOE de Menorca ha criticado el voto en contra del Partido Popular (PP) a una enmienda socialista que proponía permitir a los municipios portuarios establecer un recargo de hasta cuatro euros por crucerista sobre la cuota del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).
La iniciativa, presentada en el marco de la Ley de Capitalidad del Govern y rechazada el pasado martes en el pleno del Parlament, pretendía que los ingresos obtenidos revirtieran directamente en las arcas municipales para contribuir a financiar los servicios y las infraestructuras que requieren las localidades que reciben cruceros.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Maó, Elena Costa, ha lamentado la posición del PP y ha defendido que los ayuntamientos necesitan más recursos para afrontar las consecuencias de la actividad crucerística.
Costa ha señalado que el rechazo de la propuesta contradice, a su juicio, el discurso del PP sobre sostenibilidad turística, al considerar que los municipios deben disponer de herramientas concretas para gestionar el impacto de esta actividad.
Según los datos aportados por el PSOE, durante 2025 llegaron al puerto de Maó más de 100.000 cruceristas. Esta afluencia supone un incremento de las necesidades de atención y de los servicios municipales durante las jornadas de llegada de los barcos.
Además, el Ayuntamiento asume actuaciones relacionadas con el entorno portuario que no corresponden directamente a la Autoridad Portuaria, como el mantenimiento de los accesos y las inversiones destinadas a mejorar la conexión entre el puerto y la ciudad.
La formación socialista sostiene que los municipios deben recibir una compensación económica por los gastos derivados de esta actividad. En este sentido, Costa ha defendido que la propuesta buscaba garantizar una mayor equidad entre los costes que soportan las administraciones locales y los beneficios económicos que genera el turismo de cruceros.
La medida no habría sido obligatoria para los ayuntamientos. Cada municipio habría podido decidir, mediante un acuerdo del pleno municipal, si aplicaba el recargo, con un límite máximo de cuatro euros por crucerista.
Tras el rechazo de la enmienda en el Parlament, el PSOE ha anunciado que presentará mociones sobre esta cuestión en los próximos plenos del Ayuntamiento de Maó y del Consell Insular de Menorca.