Tres hijos de Ruiz-Mateos están citados a declarar este miércoles en Palma por una presunta estafa de 12 millones

Los tres imputados comparecerán después de que la pasada semana ya lo hiciera su padre, quien se acogió a su derecho a no declarar ante la magistrada Ana San José. Sí lo hizo otro de sus hijos, Javier, quien derivó responsabilidades en quien fuese patriarca de Nueva Rumasa al aseverar que fue éste quien llevó a cabo todas las negociaciones.

Durante una comparecencia de más de tres horas, el hijo del empresario jerezano, quien actuó como avalista en esta operación, defendió que era su padre quien tomaba las decisiones y aseguró desconocer los términos concretos de la operación, desvinculándose por tanto de las negociaciones, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Se trata de la tercera causa en Mallorca en la que Ruiz-Mateos está imputado por un presunto delito de estafa. La querella del caso afirma que la familia Hoz es titular legítima de unos créditos que ascienden a 12,4 millones de euros, de los cuales se encuentran vencidos 641.078 euros, como consecuencia de la venta de las acciones de la sociedad a la entidad Free Size Slu, que según el escrito está en manos de una empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Belice. Al frente de la mercantil se encuentra la supuesta testaferro Susana Álvarez Ampuero.

La totalidad de las acciones fueron vendidas por un total de 21 millones de euros, de los cuales 19,5 millones quedaron aplazados, tal y como consta en la escritura de compraventa. El escrito asevera que el hecho de que la familia Ruiz-Mateos declare que tiene todas las empresas en paraísos fiscales "ante la desconfianza del Gobierno" y que no se presentaran cuentas consolidadas como grupo de empresas "ha facilitado que todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa".

MEDIDAS CAUTELARES CONTRA RUIZ-MATEOS Y SUS SEIS HIJOS
Cabe recordar que el empresario y sus seis hijos varones tienen retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional después de que así lo decretase el pasado mes de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para ellos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales, en el marco de otra causa por una presunta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó.

Las mismas medidas cautelares que días después adoptó la jueza de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el caso que indaga una supuesta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles. La magistrada decretó asimismo una fianza civil de 18,5 millones de euros para el conocido empresario.

Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó el pasado 26 de enero el embargo de todo el patrimonio de la familia Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, fincas rústicas, cerca de un centenar de obras de arte y vehículos de alta gama, tras los registros practicados por la Policía judicial durante cerca de 15 horas.

La incautación de estos bienes se produjo dentro de la causa abierta por Ruz, que investiga a los Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, y para evitar su venta, ya que el dinero resultante de su liquidación estaría destinado a cubrir las deudas de 289,1 millones de euros contraídas con los afectados.