El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha presentado este jueves el anteproyecto de la nueva ley de urbanismo que sancionará y exigirá responsabilidad a los cargos públicos que permitan de forma continuada indisciplina urbanística -por ejemplo, si dejan caducar expedientes, dejan de sancionar una infracción, de ejecutar una demolición o no aplican una sentencia- y que también dejará sin efecto la amnistía a viviendas ilegales en suelo rústico.
Además, el anteproyecto introduce medidas de lucha contra la especulación -por ejemplo, con medidas correctoras que impidan plusvalías exageradas-, dará más competencias a las agencias de disciplina urbanística de los Consells Insulars, prohíbe los convenios de planeamientos urbanísticos -alegando que son fuente de conflicto y han dado lugar a indemnizaciones importantes- y crea una junta de expropiación autonómica.
Pons ha presentado el anteproyecto junto al director general de Territorio, Luis Corral. El conseller ha destacado que esta ley facilitará la construcción en los lugares permitidos al tiempo que intensificará la disciplina.
Con todo, ha recalcado que "no pretende hacer borrón y cuenta nueva" sino recoger "buena parte" de la normativa vigente "y a partir de aquí crecer hacia delante", manteniendo "cuestiones que suscitaron consenso". También busca perdurabilidad -dando "máxima seguridad jurídica"-, establecer líneas básicas de regulación de los tres tipos de suelo, el "cierre de la barrera" a lo que se ha gestado ilegalmente o a cambios de clasificación automáticos, agilizar los procesos de planes generales y la sostenibilidad y protección del territorio.
El anteproyecto, en el que han participado más de 60 profesionales de distintos ámbitos durante ocho meses de trabajo, ahora iniciará la exposición pública y negociación con los grupos parlamentarios.