El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha ordenado y notificado el cese de actividad de una decena de pisos turísticos dedicados al alquiler turístico ilegal en un mismo edificio ubicado en Palma.
Además, y de forma paralela, se han propuesto también un total de 10 sanciones por valor de 80.000 euros a cada uno de estos inmuebles. En total, el importe de las sanciones propuestas asciende a 800.000 euros, al dedicarse a esta actividad sin disponer de licencia alguna para ello.
En concreto, según ha informado en un comunicado la institución insular, el área de sanciones del departamento de Turismo ha iniciado este procedimiento por infracción turística a los pisos que se comercializaban en Palma, en un mismo edificio.
El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por la actuación desarrollada por el servicio de inspección y de sanciones del departamento y ha recalcado que "la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas en la isla, que son la inmensa mayoría, sino un problema terrible para la convivencia, algo contra lo que quiere luchar y erradicar".
En este sentido, Rodríguez ha añadido que esta orden de cese de actividad, que viene acompañada por estas sanciones, es fruto de un largo trabajo en el seno del departamento, que ha "cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos", y que ha permitido "tal y como marcan los plazos legales", actuar de esta manera.
En este sentido, a partir de ahora el departamento de Inspección será el encargado de comprobar que estos cierres sean ejecutados como marca el expediente y en el caso de que no fuera así, el departamento de Turismo estaría capacitado para poner el asunto en manos de la Fiscalía.
Cabe recordar que las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en la isla son de 80.000 euros por cada inmueble detectado. La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima, y hasta ahora se estaban imponiendo por valor de 40.001 euros.
El objetivo es disuadir a estas personas para que cesen en su actividad, y de proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.