Los participantes en la fiesta ilegal celebrada en una vivienda de alquiler turístico de Son Vida, en Palma, en agosto de 2021, cuando todavía había restricciones por la pandemia, tienen ahora un plazo de alegaciones de 15 días. Un periodo que llega después de que el Govern haya comunicado la nueva propuesta de resolución del procedimiento sancionador a los asistentes, que pasa de 60.001 a 25.000 euros.
La instructora del procedimiento ha valorado las primeras alegaciones presentadas por las defensas de los participantes y, "por motivos estrictamente jurídicos", se ha determinado que la sanción se establezca en 25.000 euros, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad.
Desde el Govern han recordado que en el momento de los hechos estaba decretado el máximo nivel de alerta sanitaria (nivel 4), por lo que se aplicó el Decreto ley 11/2020, que establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la covid-19.
Los asistentes de la fiesta ilegal tienen 15 días para presentar alegaciones a la propuesta de resolución o para pagar los 25.000 euros de la sanción, con la reducción del 40% (un 20% por el reconocimiento de la responsabilidad y otro 20% por el pago anticipado antes de la resolución).