El magistrado encara de este modo la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros pasos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.
En concreto, el juez, quien desde hace semanas permanece trabajando en la elaboración de un extenso auto con el que cerrará la instrucción -siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de las pesquisas-, se encuentra pendiente tan sólo de las declaraciones de hasta quince testigos fijadas para este viernes y sábado en Valencia, de la que resta por efectuar por escrito el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y de que la Audiencia Provincial de Baleares decida si Urdangarin, Torres y la mujer de éste son imputados por presunto blanqueo de capitales.
Respecto a esta última diligencia, el tribunal de la Sección Segunda debe resolver el recurso de apelación interpuesto por el sindicato Manos Limpias para pedir que los tres encausados sean citados de nuevo a declarar ante Castro, en esta ocasión por la supuesta comisión del anterior delito. Por el momento, el recurso de la acusación popular aún no ha sido registrado en la Audiencia para su resolución.
Pese a que esta impugnación no tiene carácter suspensivo -el juez podría concluir las investigaciones sin que la Audiencia haya decidido sobre ella-, Castro esperará a que el tribunal falle en torno a la solicitud de Manos Limpias, que sostiene cómo Urdangarin, Torres y Ana María Tejeiro incurrieron en un delito de blanqueo por cuanto los tres imputados se lucraron "en su propio beneficio" del dinero que de forma ilícita obtuvieron de las Administraciones públicas a través del Instituto Nóos y que posteriormente desviaron a sociedades de su entramado empresarial.