Junto a la pena de prisión, el Ministerio Público también reclama para el reo, de nacionalidad argentina y residente en España, que indemnice al Govern con el pago de 232.091 euros -correspondientes al coste total de las labores de extinción de las llamas- y, en la cantidad que se determine tras el juicio, a los propietarios de las numerosas viviendas y fincas que resultaron afectadas por el fuego. El procesado será juzgado en Ibiza, en sesiones que arrancarán a las 16.30 horas, por el tribunal de la Sección Primera.
En concreto, los hechos acaecieron sobre las 10.00 horas del 25 de mayo de 2011, cuando Martín Norberto C.C., quien tras ser detenido ingresó en prisión sin fianza, se encontraba manipulando un ahumador en una colmena de abejas situada en una zona boscosa rodeada de matorrales, maleza y pinos.
Según el escrito de calificación de la Fiscalía, el procesado comenzó a insuflar humo "con el más absoluto desprecio de las más elementales normas de prudencia y cuidado" y sin condiciones de seguridad, al no ir provisto de agua, no crear previamente un perímetro de seguridad limpiando de hojarasca y arbustos secos la zona o al usar el ahumador en el interior de la masa forestal en época de peligro de incendios, de acuerdo al artículo 3 del Decreto 125/07.
Así, como consecuencia de accionar el aparato en repetidas ocasiones, varias pavesas provenientes de su interior salieron dispersadas y sin que el acusado inspeccionase posteriormente el lugar, lo que provocó que se iniciase un incendio que fue declarado oficialmente extinguido el 3 de junio, tras haber sido evacuados entre 80 y 100 domicilios distribuidos en las zonas de Portinatx y Sant Joan.
Las llamas, relata la acusación pública, arrasaron hasta 1.576 hectáreas en su mayor parte de pinar, situado en suelo rústico protegido catalogado como Área Natural de Especial Protección (ANEI). Dado que se trataba de un lugar donde existía un elevado número de viviendas habitadas y ante las dimensiones que estaba alcanzando el fuego totalmente descontrolado, en unos casos los propietarios tuvieron que abandonar precipitadamente las mismas y en otro fue necesario desalojarlas.