En concreto, los principales acusados del caso Dobles Ventas que se sentarán en el banquillo son Patrick Duchemin y los abogados Miquel y José Feliu, quienes, según el Ministerio Público, planificaron y crearon un entramado societario y personal con la única y exclusiva finalidad de dar cobertura jurídica a "maquinaciones fraudulentas" tendentes a obtener, mediante el engaño, grandes cantidades de dinero, eludir la acción de la Agencia Tributaria y blanquear enormes sumas económicas procedentes de estas supuestas actividades delictivas.
Las distintas sesiones del juicio, cuyo inicio fue aplazado a este lunes a petición de la Fiscalía, arrancarán a las 9.30 horas y tendrán lugar, debido a su complejidad, en una sala cedida por el Govern en el edificio del EBAP del Polígono Son Rossinyol. En total, están personados la Fiscalía y diez acusaciones particulares, mientras que, además de los diez acusados, hay 24 responsables civiles subsidiarios.
Sobre los inculpados pesan delitos de estafa, asociación ilícita, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia y amenazas, todos ellos vinculados a la trama de compraventas en Cala Llamp.
En su escrito de calificación, el fiscal Pedro Horrach postula que, para llevar a cabo sus fines delictivos, los principales inculpados, Duchemin -quien se enfrenta a una petición de 40 años de prisión- y Miquel y José Feliu -38 y 33 años, respectivamente-, utilizaron distintas formas de proceder, entre ellas vendiendo parcelas a terceros a pesar de que éstas ya habían sido enajenadas con anterioridad y sobre las que no ostentaban, por tanto, poder de disposición alguno.
Asimismo, decidieron crear y adquirir sociedades mercantiles que participaban en operaciones de compraventa de parcelas y que, tras su consumación, desaparecían del tráfico jurídico y mercantil, al ser sus administradores personas de nacionalidad extranjera y de escasos recursos económicos a quienes ofrecían cantidades de dinero considerables para ejercer de presuntos testaferros. Según la Fiscalía, el dinero obtenido no se declaraba ante Hacienda, rebasando la cuota defraudada los 120.000 euros.
Del mismo modo, los acusados constituían empresas que utilizaban para presuntamente canalizar y blanquear el flujo monetario que obtenían con las operaciones delictivas anteriores, y al frente de las cuales también colocaban a 'hombres de paja', o bien se creaban en el extranjero a efectos de dificultar la investigación de las mismas y ocultar la participación de los imputados.